• El 33.5% de la ciudadanía no acude ante las autoridades para realizar denuncias debido a que lo consideran una pérdida de tiempo
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados Julieta vences Valencia junto al diputado federal de Morena Ignacio Mier Velasco presentaron iniciativa para que se reconozca a la violencia institucional contra las mujeres como una falta administrativa grave en la que pueden incurrir las y los servidores públicos.
Vences Valencia detalló que la violencia Institucional, son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia”.
«Bajo esta tesitura, se puede decir que la erradicación de la violencia de género pasa inevitablemente por conocer el correcto funcionamiento de aquellas instituciones que sirven para prevenir, atender y eliminar cualquier tipo o modalidad de violencia de género, pero también de las organizaciones públicas de procuración e impartición de justicia», señaló.
Refirió que el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal y Estatal 2022 del INEGI resalta que en nuestro país solamente el 8.3% de los casos relacionados con violencia de género son judicializados, cifra que tiene una correlación con el desempeño de las procuradurías y fiscalías, debido a que la probabilidad de que se denuncie y esclarezca un delito es de solamente el 1.3%.
Precisó que la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona un artículo 58 Bis a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y un segundo párrafo al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tiene la finalidad de fortalecer las normas que regulan el actuar de las personas servidoras públicas que desempeñan actividades en materia de procuración de justicia, y que por actos u omisiones laceran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres.
«Esta medida promoverá que las autoridades actúen de manera efectiva y conforme a derecho frente a la situación de violencia de género que vive nuestro país», destacó.
La legisladora poblana advirtió que las sanciones para los servidores públicos que ejerzan violencia institucional puede ser la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo.
Exigió que toda acción u omisión encausada por razón de género y que genere daño o sufrimiento a las mujeres, debe ser atendida con urgencia, como parte de una política de Estado en donde las autoridades de los tres órdenes de gobierno y los poderes públicos confluyan para resolver las causas estructurales de la violencia de género.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2021, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 7 de cada 10 mujeres ha sufrido alguna experiencia de violencia, en al menos una ocasión a lo largo de su vida.
En tanto, agregó, el Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados (CELIG) ha registrado que durante los últimos 7 años se ha incrementado hasta en un 137% el número de presuntos feminicidios, y que se han registrado más de 350 mil llamadas al 911 por temas de violencia familiar.
El mismo INEGI ha registrado que del total de carpetas de investigación iniciadas por las instituciones de procuración de justicia, en el 50.8% de los casos no ocurrió nada o no se continuó con la investigación, siendo que solamente en el 2.1% de las ocasiones hubo una reparación del daño.
Es por ello, señaló que en la ciudadanía persiste una percepción de desconfianza hacia el actuar de las autoridades e instituciones de procuración e impartición de justicia, así como hacia las que ejercen funciones de seguridad pública.
Lo anterior, apuntó, queda confirmado en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2022, realizada por el INEGI, la cual muestra que en 2021 solamente se denunció el 10.1% de los delitos, de los cuales los ministerios públicos o fiscalías estatales iniciaron una carpeta de investigación en el 67% de los casos.
«La ciudadanía en general ha declarado que el 33.5% de ellos no acude ante las autoridades para realizar las denuncias pertinentes debido a que lo consideran una pérdida de tiempo, mientras que el 14.8% lo ha dejado de hacer debido a que tiene desconfianza de las instituciones públicas», puntualizó.
Estos datos, sostuvo, se encuentran estrechamente relacionados con la violencia institucional, ya que esta percepción y falta de acceso a la justicia para las mujeres están conectadas con la obstaculización o dilación generadas por parte de las personas servidoras públicas.
Exigió que urge reformar el marco jurídico mexicano con la finalidad de robustecer las normas que regulan el actuar de las personas servidoras públicas que desempeñan actividades en materia de procuración de justicia, y que por actos u omisiones laceran el derecho de acceso a la justicia de las mujeres.
«Se propone considerar como una falta administrativa grave a la violencia institucional contra las mujeres, ya que esta medida promoverá que las autoridades actúen de manera efectiva y conforme a derecho frente a la situación de violencia de género que vive nuestro país».
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