Jorge Barrientos
Luego del homicidio de Arturo Ramírez García, ocurrido el pasado 30 de mayo en el fraccionamiento Misión Morillotla, ubicado en el municipio de San Andrés Cholula, Erika Mancilla su viuda, acompañada de sus abogados, solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE), así como al Gobierno del Estado de Puebla, protección para ella y su familia, ya que teme por su vida, luego de sufrir extorsiones, por parte de los mismos sujetos que ultimaron a su esposo.
En este tenor Erika Mancilla denunció que, tras el asesinato de su esposo, quien laboraba cono gerente general de Global Gesori Traslado de Valores, quien murió a manos de un comando armado, en su propio domicilio, supuestamente para que entregaran una suma de dinero que se presume se llevó, por lo que ya existe una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) por homicidio.
Por lo que dijo que el día miércoles 13 de julio fue interceptada por un comando armado en las inmediaciones del Walmart que se ubica en la calle15 de Mayo, de la colonia Villa Posadas, en la capital poblana y la privaron de su libertad cerca de 40 minutos, posteriormente la torturaron con golpes y le cortaron parte de un dedo, todo esto para que entregara el dinero, mismo del que aseguró no tenía conocimiento.
Ante estos hechos, la afectada junto con su equipo de abogados, acudió a la Fiscalía Especializada de Secuestro para presentar una denuncia y pedir protección; sin embargo la Ministerio Público, encargada de nombre Josefina Melo, prohibió el paso a su equipo de litigantes y luego de más de tres horas le negaron la posibilidad de tener protección, pues alegaron que no tenían los suficientes elementos de seguridad para este fin, por lo que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CDH), a través de la que lograron levantar otra denuncia.
“Temo por mi seguridad, en mi vida y por la de mis hijas. Pedimos al gobierno nos ayude a salvaguardar, ya que Fiscalía no nos dio la atención que debe ser, hemos tenido que recurrir a Derechos Humanos para que nos hagan caso y atender nuestra petición, no nos quieren dar ayuda ni protección”, enfatizó la víctima.
Por su parte, el representante jurídico Raúl Álvaro Díaz, dijo que, a más de un mes del homicidio de su esposo, la Fiscalía General del Estado de Puebla no ha dado algún detalle sobre el avance de las investigaciones, además de que reprochó que no hayan querido atender a la señora Erika después de la tortura que sufrió, aun cuando los criminales tienen detalles sobre ella y sus hijas.
Asimismo, el abogado Marco Vinicio Hernández Ballesteros, acuso que el Ministerio Público hizo caso omiso a su petición e incluso le pidieron que fuera a la Embajada de Estados Unidos en México, cuando la afectada ni si quiera es ciudadana americana.