Sin la legalidad, el orden, el respeto a la Ley y a las instituciones un Gobierno se corrompe porque olvida su misión de servicio hacia los ciudadanos para usar el Poder con otros fines.
En muchos momentos de la historia reciente de nuestro país hemos sido testigos de acontecimientos que buscaron instaurar en México sistemas distintos al que nació con la Revolución Mexicana que aspiró a la democracia a través de la justicia social.
Porfirio Díaz fue derrocado durante el movimiento revolucionario después de 30 años de permanecer en el poder, luego Francisco I. Madero fue asesinado en un acto de traición por Victoriano Huerta quien se exilió tras el triunfo del Constitucionalismo.
Posteriormente en 1917 se construyó para México un Estado en orden y dispuesto a avanzar en la ruta de las leyes y las instituciones. La llegada del cardenismo permitió que se crearan organizaciones sociales que se democratizaron, después el Partido hegemónico, el PRI, comenzó a transformarse, surgieron corrientes de pensamiento distintas y de ahí emanaron otros institutos políticos que mantienen actualmente representación.
Sin embargo, llegar al momento histórico en el que nos encontrábamos hasta antes de 2018, en el que el avance de la democracia era visible, con el triunfo de un personaje que no había estado ligado al poder político, costó vidas que todos recordamos por las conmemoraciones anuales.
Por desgracia, en ningún momento de la historia se había puesto en riesgo la legalidad, el orden, el respeto a la Ley y las instituciones del Estado Mexicano como hasta ahora, primero, usando el sistema democrático para querer modificarlo a través de la Constitución que nos rige, y después utilizando la fuerza del Estado para cometer actos ilegales que deben preocupar a todos.
El cateo al domicilio del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, viola completamente sus derechos humanos y políticos, además el espionaje y amenazas de muerte públicas constituyen objetivamente delitos que la sociedad no debe tolerar, más si es presa de la manipulación mediática.
Debe preocuparnos a todos el hecho de que, cualquier autoridad, haciendo uso faccioso de las instituciones espíe, calumnie e ingrese a propiedad privada.
Lo vivido en Campeche es un claro ataque a las libertades y los derechos políticos de los adversarios del Partido oficial.
La pregunta es si la sociedad tolerará este comportamiento que rompe el equilibrio democrático.