Julio Treviño
Las denuncias contra el Ayuntamiento de Puebla han generado una fuerte polémica, debido a las acusaciones de que la administración municipal está negando los finiquitos a sus empleados y presionando a que firmen renuncias anticipadas para conservar sus empleos, asegurando que será la próxima administración quien les pague sus salario que les adeudan.
Este tipo de prácticas no solo viola los derechos laborales de los trabajadores, sino que los deja en una situación de vulnerabilidad económica, al no recibir la liquidación que por ley les corresponde.
Los testimonios de los afectados revelan que, aunque han cumplido con sus funciones, se ven obligados a renunciar bajo coacción, quedando desprotegidos ante la falta de un despido formal. Esto contradice la legislación laboral mexicana, que establece que los trabajadores tienen derecho a recibir un finiquito al término de sus contratos, lo que incluye salarios pendientes, vacaciones no tomadas y una compensación proporcional por su tiempo de servicio.
Hasta el momento, el Ayuntamiento de Puebla no ha emitido un comunicado oficial sobre estas acusaciones, lo que ha intensificado el malestar entre los empleados y la comunidad en general.
Los trabajadores exigen una pronta resolución y temen que, de no corregirse, esta situación siente un precedente negativo en la administración pública. La falta de respuesta por parte del gobierno municipal ha provocado preocupación por el posible uso generalizado de estas tácticas, lo que podría empeorar las condiciones laborales en el sector público local.