Jorge Barrientos
La bancada de Morena alista el pre dictamen en el que sugiere la eliminación de siete órganos autónomos y entidades reguladoras, a pesar de que la Comisión de Puntos Constitucionales había acordado comenzar el proceso de dictaminación de esta iniciativa en materia de simplificación administrativa antes del 15 de agosto.
El informe, que ya está circulando en la Cámara de Diputados, confirma la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), los órganos reguladores coordinados en materia energética como la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
El proyecto justifica estas eliminaciones con el objetivo de racionalizar los recursos públicos, promover la austeridad y evitar la duplicidad de funciones, a fin de reducir las desigualdades sociales. El texto argumenta que los órganos constitucionales autónomos en México carecen de legitimidad democrática, al haber sido creados en respuesta a la privatización de paraestatales y las recomendaciones de organismos internacionales para «descentralizar» la Administración Pública Federal (APF).
El informe sostiene que la creación de estos organismos no ha logrado una verdadera descentralización, sino una desconcentración administrativa, transfiriendo funciones administrativas o técnicas a niveles más bajos, pero manteniendo el poder de decisión en el nivel central. Como ejemplo, menciona que la CRE otorgó permisos de generación eléctrica a particulares de manera «irresponsable y desordenada», poniendo en riesgo las redes de transmisión y el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Con la propuesta de reforma, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asumiría el establecimiento de tarifas eléctricas y la Secretaría de Energía asumiría las demás facultades y atribuciones de la CRE, en línea con la política de austeridad republicana del gobierno actual.
El predictamen también señala que desde su creación y hasta 2024, los organismos que se pretende eliminar han recibido un total de 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos, con incrementos anuales en sus presupuestos en la mayoría de los casos.