Josél Moctezuma
El Juez de Control Federal determinó en una primera audiencia presencial medidas cautelares en contra de 11 funcionarios municipales de la alcaldesa de Izúcar de Matamoros, Irene Olea Torres acusados de presuntamente cometer delitos como falsificación de información, ejercicio indebido de funciones sobre la detención ilegal de las reporteras Natalie N y Michelle N y un grupo de activistas del colectivo Marea Púrpura.
En el Centro de Justicia Penal Federal ubicado en carretera Camino al Batán de la ciudad de Puebla, cada uno de los once funcionarios como Omar N, Síndico Municipal, Marco Antonio N, Director de Seguridad Pública, Santiago N, Coordinador Jurídico y Luis Antonio N, Auxiliar Jurídico deberán cumplir con una firma periódica, tienen prohibido acercarse o comunicarse con las víctimas u ofendidas. Tienen limitación para asistir o acercarse al domicilio de las víctimas u ofendidas o al lugar donde se encuentre y no podrán salir del país.
El primero de los procesos es por la presunta falsificación de información y ejercicio indebido de funciones, otro por el delito de tortura, al cual no se le ha fijado fecha de audiencia inicial.
Durante cinco horas y media, la fiscalía presentó aproximadamente 30 pruebas para acreditar las denuncias de las periodistas, entre ellas, estudios periciales que confirman que se alteraron documentos, entre ellos, informes policiales homologados, usados por uniformes y sus mandos superiores para justificar su detención.
También se mencionaron entrevistas y testimonios de trabajadoras del ayuntamiento de ese municipio, que fueron cesadas de sus cargos tras ayudar a las periodistas.
No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla
Después de dos meses de impunidad y de evadir jurídicamente los llamados de un Juez de Control Federal, ayer lunes 6 de Mayo 11 funcionarios de la presidenta municipal Irene Olea Torres escucharon las acusaciones y cargos en su contra por la detención de las reporteras Natalie y Michelle N, además de un grupo de activistas del pasado 10 de Marzo del año 2023.
Durante la primera audiencia que tuvo una duración de casi seis horas en el Centro de Justicia Penal, los subordinados de la alcaldesa Irene Olea Torres, hoy candidata a la reelección, escucharon los cargos y acusaciones, se reservaron su derecho a declarar y emitir alguna opinión, solicitaron la Ampliación del Termino Constitucional de 144 horas, acto seguido, será la mañana del próximo sábado 11 de Mayo cuando se determine si serán o no vinculados a un proceso penal.
Entre los citados estuvo el Síndico municipal de Izúcar de Matamoros, Omar N, el Director de Seguridad Pública, Marco Antonio N, además de personal administrativo, jurídico y policías municipales bajo el mando de la alcaldesa y candidata por el partido MORENA, Irene Olea Torres.
La justicia llamó a Abel Israel S., Víctor Manuel V., Alberto Jonathan H., José Abraham T., Mariela M., Yeralda Norali V., Luis Antonio P., Marco Antonio E. Santiago M., Jesús Gabriel V., Omar V. y Judith Andrea D., las autoridades federales les explicaron los delitos que les imputa la ministerio público especializado en delitos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República.
Por su parte Irene Olea Torres, candidata y presidenta municipal de Izúcar de Matamoros cuando ha sido cuestionada sobre su presunta participación en la detención de las periodistas y las activistas ha dejado en claro que la investigación no es contra ella y aportará lo que sea necesario para hallar una sanción o esclarecer los hechos.
Los dictámenes periciales confirmaron tortura, daños psicológicos y otra afectaciones en las víctimas provocadas por la detención arbitraria del que un agente señaló que se habían cometido por “órdenes de la jefa”.