La mañana de este martes, autoridades federales y estatales desplegaron un operativo interinstitucional en la ciudad de Puebla para investigar una presunta red de distribución de drogas que operaría al interior de diversos centros de rehabilitación, conocidos como anexos, además de posibles casos de violencia y desapariciones reportados por familiares de internos.
El dispositivo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal, quienes implementaron un cerco de seguridad en las inmediaciones de la 4 Norte y el bulevar 5 de Mayo.
De manera simultánea, las autoridades ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en dicha zona. De acuerdo con información preliminar, la propiedad estaría relacionada con el propietario de una cadena de centros de rehabilitación que son investigados por su posible utilización como puntos de distribución de sustancias ilícitas.
Las indagatorias señalan como presunto responsable a Álvaro García, quien presuntamente administra varios de estos establecimientos y estaría vinculado con la operación y distribución de drogas al interior de los anexos. No obstante, hasta el momento las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han emitido una postura oficial sobre los avances de la investigación.
Además del presunto narcomenudeo, el caso ha cobrado relevancia debido a las denuncias presentadas por familiares de personas internadas en estos centros. Algunos afectados aseguran que, tras ingresar a sus parientes para recibir tratamiento contra las adicciones, dejaron de tener contacto con ellos y, posteriormente, los encargados se habrían negado a proporcionar información sobre su ubicación.
Asimismo, en días recientes han trascendido señalamientos por presuntos actos de violencia física y psicológica en contra de hombres y mujeres que permanecían bajo resguardo en estos espacios, situación que ya es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.
Ante estos hechos, ciudadanos y colectivos han solicitado a los tres órdenes de gobierno fortalecer la supervisión y regulación de los centros de rehabilitación que operan en la entidad, a fin de garantizar condiciones adecuadas para las personas que reciben atención y evitar que estos establecimientos sean utilizados para actividades ilícitas.
