El Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Norte, con sede en Huauchinango, liberó órdenes de aprehensión contra cuatro directores de seguridad de municipios de la Sierra Norte del Estado: Ángel Miguel Garrido, director de Seguridad Pública de Tlaola; Evencio Rosas Luna, director de seguridad de Tlapacoya; Manuel Martínez González y/o Manuel González Martínez, titular de seguridad de Jopala; así como Andy Castillo Rodríguez, jefe de seguridad pública de San Felipe Tepatlán.
Todos ellos están señalados por su presunta participación en una red de protección criminal que habría permitido la operación de un narcolaboratorio en la Sierra Norte de Puebla.
Se les acusa de dejar operar a sus anchas a un grupo criminal.
La resolución quedó asentada en la carpeta judicial administrativa 81/2026/Huauchinango. Sin embargo, solo tres de los directores sobre los que pesaban las órdenes de aprehensión fueron capturados. Las autoridades no pudieron dar con el paradero de Andy Castillo Rodríguez, por lo que permanece prófugo de la justicia.
De acuerdo con la solicitud presentada por la representación social, los cuatro directores de seguridad pública de Tlaola, Tlapacoya, Jopala y San Felipe Tepatlán habrían utilizado sus cargos para favorecer a una organización delictiva que operaba en la región.
Los hechos se remontan a abril y mayo de 2026, cuando presuntamente omitieron investigar actividades ilícitas de un grupo criminal, y ordenaron a sus elementos: “hacerse pendejos”, “permitir el paso” y “mantener limpias las carreteras”, según testimonios integrados en la carpeta de investigación FGEP/CDI/CGI/CGI-1/000035/2026.
Uno de los testimonios clave refiere que el 16 de mayo, en un establecimiento de la zona, los mandos sostuvieron una reunión donde intercambiaron instrucciones para facilitar el tránsito de integrantes de una organización criminal y evitar cualquier intervención policial. Fuentes consultadas indicaron que el testigo aseguró que escuchó frases como “es mejor hacernos pendejos y no tener pedos”.
Otro testimonio señala que elementos municipales detuvieron una camioneta que transportaba sustancias químicas con destino a Jopala; materiales utilizados para la fabricación de drogas sintéticas. Tras consultar a su superior, recibieron la orden de dejarla continuar “si no querían tener pedos”.
Días después, autoridades federales aseguraron un laboratorio clandestino en esa zona, lo que reforzó la sospecha de que los mandos municipales ya conocían su existencia y permitían su operación.
La jueza de control analizó los elementos presentados por la Fiscalía, entre ellos entrevistas, inspecciones ministeriales y copia de la carpeta federal, concluyendo que existían datos suficientes para acreditar hechos con apariencia de delito y la probable intervención de los señalados.
Los ilícitos imputados corresponden a encubrimiento, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, todos sancionados con penas privativas de libertad. Aunque la jueza señaló que algunos datos no bastaban para acreditar plenamente la participación de los investigados, sí determinó que los elementos reunidos cumplían con los requisitos constitucionales y procesales para librar la orden de aprehensión.
Con ello, instruyó que, una vez detenidos, los imputados sean puestos a disposición del Centro de Justicia de Huauchinango para continuar con el proceso penal.
La resolución marca un golpe significativo en la estructura de protección criminal que operaba en la Sierra Norte, donde la colusión entre autoridades municipales y grupos delictivos ha sido señalada por habitantes y denunciantes anónimos desde hace meses.
Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General del Estado y el Gobierno del Estado emitan algún comunicado sobre estas importantes detenciones.
Cabe destacar que el 14 de junio del presente año, la Guardia Nacional por medio de su división de Inteligencia, el Ejército Mexicano y la Policía Estatal, aseguraron un narcolaboratorio en los límites de Tlapacoya con Jopala, en la Sierra Norte de Puebla. Constituye el golpe más grande en la historia del estado a un narcolaboratorio en donde se fabricaban drogas sintéticas como metanfetaminas. En aquella ocasión el Gabinete de Seguridad Federal informó que en el sitio se aseguraron: 360 kilos de metanfetamina ya procesada, además de 25 mil 300 litros de sustancias químicas empleadas en su fabricación.
En el mismo sitio fueron localizados cinco reactores de síntesis orgánica, ocho condensadores, cuatro destiladores y medio centenar de tanques de gas LP, equipo utilizado para la producción a gran escala de droga sintética.
Las autoridades federales estimaron que la afectación económica para la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 2 mil 367 millones de pesos, lo que representa uno de los golpes financieros más severos contra estas estructuras criminales en la región.