Jorge Barrientos
presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, lanzó una dura crítica contra el morenovallismo al responsabilizarlo de haber entregado el servicio de agua potable a la iniciativa privada y de convertir un derecho humano en un negocio que, aseguró, continúa afectando a miles de familias poblanas.
El legislador afirmó que fue durante el gobierno del exmandatario Rafael Moreno Valle cuando se diseñó un esquema para debilitar financieramente al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP), con el propósito de justificar la concesión del servicio a la empresa Agua de Puebla, a través de Concesiones Integrales.
Sostuvo que la concesión por 30 años representa uno de los legados más cuestionados del morenovallismo, al señalar que desde entonces el agua dejó de ser tratada como un servicio público para convertirse en un negocio con tarifas cada vez más elevadas, cobros que calificó de excesivos y un servicio que, dijo, no ha respondido a las necesidades de la población.
Gaspar Ramírez aseguró que, pese a más de una década de operación de la concesionaria, persisten los tandeos, la falta de abastecimiento en diversas colonias y los cobros por conceptos como el saneamiento, sin que existan resultados tangibles en el rescate ambiental del río Atoyac.
En su posicionamiento, acusó a los gobiernos del pasado de haber privilegiado intereses empresariales sobre el derecho de los poblanos al acceso al agua y afirmó que el modelo de concesiones impulsado durante el morenovallismo benefició a particulares mediante contratos de largo plazo en perjuicio de la ciudadanía.
El diputado también desestimó las críticas dirigidas al gobierno estatal, al señalar que provienen de grupos cuyos intereses económicos y políticos se ven afectados por la revisión del esquema de concesión. Añadió que la administración estatal buscará poner fin a lo que calificó como un «saqueo» y analizar las condiciones bajo las que opera la empresa concesionaria.
Finalmente, reiteró que el acceso al agua debe garantizarse como un derecho humano y no como un negocio, al sostener que el Congreso y el Gobierno del Estado mantendrán la revisión del modelo de concesión para corregir las irregularidades que, afirmó, persisten en la prestación del servicio.