Por José Alfredo Ramírez Orduña
El acceso a información veraz y plural constituye uno de los rasgos que distinguen a las sociedades democráticas y debe ser garantizado por las instituciones y administraciones públicas. La información se configura como el instrumento que permite a los ciudadanos formar criterio sobre los asuntos políticos, económicos y sociales, adquirir conciencia y participar con fundamento en los debates públicos, así como en los procesos electorales y demás derechos democráticos.
Por ello, la libertad de expresión y el derecho a la información se reconocen como derechos fundamentales en nuestra Constitución. Sin embargo, estos procesos de participación se ven cada vez más amenazados por la difusión deliberada, masiva y sistemática de desinformación, cuyo propósito es influir en la sociedad para convencerse de un hecho que no se sostiene por sí mismo: las fake news.
Las fake news difunden información falsa de manera intencional, presentando contenidos supuestamente “auténticos” para escandalizar y manipular a la opinión pública. Este tipo de noticias son creadas y propagadas tanto por individuos o grupos, así como por social bots, que actúan en beneficio propio o en representación de terceros. Sus objetivos suelen ser personales, políticos o económicos. Se requiere alfabetización mediática, regulación legal frente a fenómenos como los deepfakes, y campañas institucionales que fortalezcan la confianza ciudadana.
Cabe destacar que la estrategia de difundir noticias falsas para influir en la opinión pública no es nueva: desde los primeros medios impresos existieron titulares sensacionalistas y artículos que transmitían mentiras y propaganda. En la actualidad, en la era digital, las fake news se han convertido en un fenómeno en línea difícil de controlar, debido a la rapidez de su difusión y a la complejidad de su verificación. Los siguientes sucesos sirven de ejemplo para ilustrar lo anterior:
Durante la pandemia de COVID-19, más del 90% de los usuarios en México recibieron noticias falsas por distintas redes sociales, generando histeria y confusión respecto a los tratamientos.
En Jalisco, en el marco de la detención de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, circularon audios falsos sobre toques de queda y supuestas incursiones armadas en hospitales, lo que alteró la vida cotidiana y la percepción de seguridad.
A inicios del presente año, se difundió en redes sociales que habría un reclutamiento obligatorio de migrantes indocumentados para participar en conflictos internacionales.
Durante procesos electorales, candidatos fueron víctimas de deepfakes creados con inteligencia artificial para desprestigiar su imagen, polarizando el debate político.
Los ejemplos muestran que en México las fake news se utilizan como herramientas de manipulación social y política, capaces de generar miedo colectivo, afectar la confianza institucional y distorsionar procesos democráticos. Para frenar este círculo de desinformación resulta esencial que periodistas y ciudadanos tomemos conciencia de su impacto en la sociedad en su conjunto, de su afectación a la integridad democrática y de la necesidad de abordarlo en sus dimensiones política, social y cultural.
Nos encontramos a tiempo para generar una solución que atienda las afectaciones de la desinformación. La respuesta requiere educación mediática, verificación de fuentes y regulación frente al uso de inteligencia artificial en la creación de contenidos falsos y la deliberada intención de manipular la opinión, así como la ampliación del criterio de criticidad para poder identificar unas de otras. Con la información se toman decisiones y resulta indispensable asegurarnos de que lo expresamos puede sostenerse por si mismo, sin recurrir a mentiras y falsedades.
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