Jorge Barrientos
Las denuncias por presuntas extorsiones, cobros ilegales y amenazas contra personas privadas de la libertad en el penal de San Miguel desataron una jornada de protestas y bloqueos que paralizaron importantes vialidades de Puebla capital y la zona metropolitana, provocando caos vehicular y afectaciones a cientos de automovilistas.
Familiares de internos salieron a las calles para denunciar las supuestas irregularidades que ocurren al interior del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, donde, aseguraron, algunas personas privadas de la libertad son obligadas a pagar cuotas para garantizar su seguridad y evitar agresiones.
Los manifestantes señalaron que estas prácticas no solamente ponen en riesgo la integridad física de los internos, sino que también representan un golpe económico para sus familias, quienes presuntamente deben desembolsar dinero para evitar que sus seres queridos sean víctimas de violencia dentro del centro penitenciario.
La inconformidad escaló hasta convertirse en movilizaciones simultáneas que alcanzaron puntos estratégicos de comunicación en Puebla y municipios de la zona metropolitana.
Uno de los cierres más importantes se registró en la autopista México-Puebla, a la altura de San Miguel Xoxtla, donde los inconformes bloquearon el paso vehicular y generaron complicaciones para quienes transitaban por esta importante conexión carretera.
En la capital poblana también se reportaron afectaciones en el bulevar 5 de Mayo, a la altura de San Francisco; la zona del Paseo Bravo; el Periférico Ecológico, frente al Complejo Metropolitano de Seguridad (C5), y la Vía Atlixcáyotl, en inmediaciones de las casetas de cobro hacia Atlixco.
Los bloqueos provocaron congestionamientos y obligaron a los automovilistas a buscar rutas alternas para continuar sus recorridos.
Entre las principales exigencias de los inconformes se encuentra la destitución de Jorge Ortiz Delgadillo, quien asumió la dirección del penal de San Miguel el 1 de septiembre de 2025.
Los familiares demandaron la intervención inmediata de las autoridades estatales para investigar los señalamientos, frenar los presuntos cobros ilegales y garantizar la seguridad de quienes permanecen recluidos.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal informó que busca establecer una mesa de diálogo con los manifestantes para atender sus demandas; sin embargo, los primeros acercamientos no habían conseguido una respuesta favorable.
La crisis de inconformidad puso nuevamente bajo cuestionamiento las condiciones de seguridad y vigilancia al interior del penal de San Miguel, mientras las protestas trasladaron el conflicto a las calles y convirtieron distintos puntos de Puebla en escenarios de caos vial.