AJUSTE DE CUENTAS
Por José Alfredo Ramírez Orduña
La defensa a los derechos humanos es un acto de dignidad que nos otorga una identidad única en el mundo. Proteger a las personas frente a los abusos del poder, garantizar el acceso a la justicia y crear condiciones para una vida plena constituyen la columna vertebral de los ideales originarios de justicia y libertad. Sin embargo, México tiene un enorme contraste, en virtud que, a lo largo de nuestra historia y a través de incontables acciones y omisiones, hemos vivido una profunda violencia que hemos normalizado y aceptado como una parte estructural de ella, reconociendo una desigualdad que se ha fomentado por estereotipos y que ha causado opresión a grupos vulnerables mucho antes de que nuestro país tuviese nombre.
En las últimas décadas, hemos atravesado episodios recurrentes de violaciones a derechos humanos que afectan a la mayoría de los sectores de la población. Estas violaciones son tan diversas como trágicas, en las que incluyen desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas, desplazamientos forzados, intimidaciones contra defensores y defensoras, así como vulneraciones al derecho a la salud y a la educación por carencias básicas. Cada violación tiene una repercusión que, de poco en poco, va fragmentando nuestro tejido social, traduciendo esto en familias destrozadas, comunidades fracturadas, trayectorias de vida truncadas y una insondable desigualdad.
Es importante destacar que el sistema jurídico mexicano ha sido un referente a nivel internacional, toda vez que el Juicio de Amparo es una de las grandes aportaciones que se ha dado para la defensa de los derechos humanos y sus garantías. Establecer mecanismos para su protección, aún en contra de actos y omisiones de las autoridades, ha contribuido enormemente a reinterpretar los derechos y hacerlos expansivos para todas y todos. No obstante, todo gran cambio ha sido motivado en buena medida por atroces violaciones a derechos humanos y por gente que se rehúsa a olvidarlas. Activistas sociales lidian con riesgos físicos, presiones institucionales y limitaciones que desgastan enormemente su persona e inclusive su patrimonio. La labor exige valentía, resiliencia y, a menudo, la disposición a pagar un alto costo.
Defender derechos humanos implica acompañar el dolor de las víctimas, enfrentar la injusticia cotidiana y sostener la esperanza frente a la adversidad. Antonio Gramsci nos recuerda que la indiferencia es el peso muerto de la historia, por lo que resulta inaudito mantenernos ajenos a una realidad que nos demanda atención y cuidado. Como sociedad, es esencial que existan redes de apoyo, mecanismos de protección y políticas públicas que garanticen la seguridad y la continuidad del trabajo de defensa.
Dedicarse a esta defensa es un acto de compromiso con la dignidad humana, pero también una vocación que exige protección, recursos y solidaridad. No es posible esperar a que un ser querido de nuestro entorno sea víctima de una tragedia para actuar ni fingir que el privilegio de la paz puede durarnos para siempre. Si la sociedad y el Estado asumimos esa responsabilidad con seriedad, la defensa de los derechos humanos dejará de ser una lucha marginal para convertirse en la base de un México más justo, seguro y humano.
Honrar a la gente que dedicó parte de su vida a ello es una de las mayores virtudes que podemos alcanzar como humanidad. Si es cierto como se afirma, “recordar es volver a vivir”, la gente que lucha permanecerá eterna en nuestra memoria colectiva.
Descanse en paz, Maestro Rubén Alberto Curiel Tejeda.
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