Lo ocurrido en la colonia El Nopalito, en Cuautlancingo, vuelve a exhibir la fractura que existe entre la sociedad y sus autoridades. Una turba decidió tomar en sus manos la justicia, bajo el argumento del hartazgo y la ausencia de resultados institucionales. Pero lo cierto es que este tipo de acciones no fortalecen a la comunidad: la transforman en infractora, la exponen a delitos graves y, sobre todo, no inhiben la delincuencia. Por el contrario, la violencia genera más violencia.
El problema es doble. Por un lado, la ciudadanía, cansada, recurre a la venganza. Por el otro, las autoridades muestran incapacidad para responder de manera rápida y eficaz. En uno de los videos que circula en redes se observa a elementos de seguridad pública —no queda claro si estatales o municipales— que ya tenían asegurado a un hombre. Sin embargo, lo dejaron en manos de la multitud. Esa omisión costó una vida.
Es cierto que los uniformados también arriesgan su integridad. Pero, ¿dónde estaban los mandos? ¿Quién coordinaba el operativo? ¿Cuál fue el tiempo real de respuesta? En un evento de estas dimensiones, la cadena de mando es crucial. Lo digo con conocimiento: en mi paso por la Procuraduría General de Justicia, la Dirección de Seguridad Pública de Cuautlancingo y la Secretaría de Seguridad Pública, enfrenté episodios similares. Nunca fueron fáciles, pero con coordinación, apoyo intermunicipal y respaldo estatal y federal, en la mayoría de los casos logramos sustraer a los retenidos y salvar vidas.
Por eso me atrevo a señalar que lo sucedido en El Nopalito no solo revela falta de capacidad, sino también de preparación. La Secretaría de Seguridad Pública estatal argumentó haber actuado conforme al “Protocolo de actuación para casos de intento de linchamiento en el estado de Puebla”, publicado en abril pasado. Sin embargo, basta leerlo para notar que lo establecido —proteger la vida, mantener el orden público, mediar con la comunidad, coordinar la respuesta— no se cumplió.
Al final, lo que queda es un vacío de confianza. Las autoridades se amparan en comunicados donde aseguran que actúan “de manera oportuna” y que la incidencia delictiva va a la baja. Pero la realidad contradice esos discursos: cuerpos abandonados en el centro histórico, hallazgos en los límites con Tlaxcala, robos cotidianos en la zona metropolitana. La percepción ciudadana es de inseguridad y abandono.
No se trata de pedir renuncias —aunque muchos lo considerarían justo—, sino de exigir que quienes están al frente de la seguridad pública tengan experiencia y sepan coordinarse. Gobernar no es redactar comunicados, sino responder con eficacia a los momentos de crisis.
El linchamiento en El Nopalito no es un hecho aislado: es el síntoma de un hartazgo que seguirá creciendo si la autoridad insiste en justificar su pasividad con protocolos que, en la práctica, no se aplican.