Alma Méndez
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresó su respaldo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión presentada recientemente por el Gobierno Federal, la cual contempla una acción coordinada entre distintas dependencias como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Mediante un comunicado, el organismo patronal advirtió que, si bien la estrategia representa un paso indispensable frente a un delito que afecta a millones de personas y al sector productivo, su efectividad dependerá de una reforma legal integral que la respalde.
Coparmex recordó que desde septiembre de 2023 impulsa una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a legislar en materia de extorsión. En ese sentido, celebró el anuncio de la presidenta de México sobre la próxima presentación de una iniciativa de ley en la materia, y reiteró la necesidad de contar con una Ley General de Extorsión que articule acciones entre federación y estados, establezca sanciones claras y elimine mecanismos de impunidad, como las denominadas “puertas giratorias”.
El organismo señaló que los primeros ocho estados donde se implementará la estrategia federal deben convertirse en modelo para una aplicación nacional.
De acuerdo con datos recopilados por la Comisión Nacional de Seguridad y Justicia de Coparmex, cada día 32.3 personas son víctimas de extorsión en el país, lo que ha generado pérdidas superiores a los 26 mil millones de pesos en lo que va de 2024. A través de la plataforma #DataCOPARMEX, se identificó que el 12.8% de los empresarios afiliados ha sido víctima de este delito, principalmente a través de llamadas telefónicas (70.5%).
Este fenómeno, indicó la confederación, tiene un impacto directo en las decisiones empresariales: casi la mitad de sus socios (49.5%) considera que la inseguridad es el principal obstáculo para el crecimiento de sus negocios.
En ese contexto, Coparmex consideró positiva la creación de Unidades Antiextorsión locales, siempre y cuando cuenten con personal capacitado, normativas aplicables y capacidad de respuesta inmediata. También subrayó la necesidad de usar inteligencia y análisis criminal para desmantelar las redes de extorsión, incluyendo aquellas que operan desde centros penitenciarios.
El organismo empresarial destacó la importancia de adaptar los protocolos de atención a víctimas a las realidades regionales del país. Por ejemplo, en zonas donde predomina la extorsión telefónica, se requieren mecanismos ágiles de denuncia y protección, mientras que en regiones afectadas por el “cobro de piso”, es necesaria la intervención directa de fuerzas de seguridad.
Además, Coparmex advirtió que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), responsables del 65% del empleo formal en México, son las más vulnerables frente a este delito, por lo que pidió que la estrategia contemple apoyo específico para ellas, incluyendo asesoría legal, atención rápida y programas de prevención.
Finalmente, la confederación enfatizó que la estrategia debe estar acompañada por campañas de prevención y una visión de largo plazo que apueste por la reconstrucción del tejido social. En este sentido, destacó que la educación en valores y legalidad es clave para generar nuevas generaciones que rechacen la violencia como forma de vida.
