Alma Méndez
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el amparo promovido por la comunidad indígena tsotsil de La Candelaria, ubicada en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que se busca el reconocimiento legal de su forma de autogobierno tradicional conocida como jlumaltik Candelaria.
La comunidad estableció este sistema de gobierno comunitario en noviembre de 2021 mediante una asamblea, en la que sus habitantes acordaron encomendar a sus autoridades tradicionales la gestión del reconocimiento formal por parte de instituciones estatales y federales.
Con el acompañamiento legal de la Clínica Jurídica Minerva Calderón y el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Universidad Iberoamericana Puebla, La Candelaria emprendió acciones jurídicas para que el Congreso de Chiapas y el Ayuntamiento de San Cristóbal reconozcan su forma de gobierno, así como para exigir la entrega proporcional del presupuesto municipal que le corresponde.
El caso, registrado bajo el expediente 119/2025 como Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción, podría sentar un precedente relevante sobre los derechos de libre determinación, autonomía y autogobierno de los pueblos indígenas. Además, abre el debate sobre el derecho de estas comunidades a administrar directamente recursos públicos y a definir los mecanismos para el reconocimiento de formas autónomas de organización distintas a las municipalidades indígenas.
Este es el primer caso impulsado por la IBERO Puebla que llega a la Suprema Corte y, de acuerdo con la universidad, representa un avance significativo en su labor de defensa de los derechos humanos en contextos indígenas, históricamente marcados por relaciones de subordinación frente al Estado mexicano.
En un contexto de recientes reformas al artículo 2º constitucional, así como de transformación en el Poder Judicial, los colectivos académicos que acompañan el caso llamaron a la Suprema Corte a resolver con una perspectiva intercultural que reconozca y fortalezca los derechos colectivos de los pueblos originarios. También plantearon la necesidad de reconocer la existencia de un “cuarto orden de gobierno” en el marco constitucional mexicano, representado por los gobiernos comunitarios indígenas.