La Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), a través de sus Facultades de Derecho y de Ciencia Política y Gobierno, realizó un análisis crítico sobre la recién aprobada Ley de Ciberseguridad en el estado, en el que advirtió posibles afectaciones a derechos fundamentales, así como irregularidades en su aprobación legislativa.
Durante el encuentro, Fernando Méndez Sánchez, director de la Facultad de Derecho, y el Mtro. Juan Carlos Espina Von Roehrich, director de Ciencia Política y Gobierno, coincidieron en que, si bien la norma contiene elementos positivos como la protección a menores en entornos digitales, también presenta deficiencias jurídicas que podrían derivar en violaciones a la libertad de expresión y al debido proceso.
Uno de los principales puntos de preocupación fue la redacción del artículo 480 del Código Penal de Puebla, que tipifica el delito de ciberasedio. Fernando Méndez señaló que la norma contiene conceptos vagos como “insultar”, “injuriar” o “vejar”, lo cual deja margen para interpretaciones subjetivas que podrían criminalizar expresiones legítimas en redes sociales.
Además, advirtió que la ley presume automáticamente un daño emocional cuando la presunta víctima es menor de edad, sin requerir pruebas, lo que vulneraría el principio constitucional de presunción de inocencia.
El académico también cuestionó la falta de precisión respecto a la aplicación extraterritorial de la norma. “No se establece si el delito puede perseguirse cuando la conducta se origina fuera del estado o del país, lo que genera inseguridad jurídica”, apuntó.
Otro riesgo identificado fue la posibilidad de que plataformas digitales opten por eliminar contenidos de forma automatizada ante denuncias ambiguas, sin orden judicial de por medio. Esto podría derivar en actos de censura, especialmente cuando se trata de críticas hacia autoridades.
Por su parte, Juan Carlos Espina criticó el proceso legislativo bajo el cual se aprobó la ley, al considerarlo apresurado y sin consulta previa con ciudadanía, especialistas en derechos digitales o medios de comunicación.
“El artículo primero de la Constitución obliga al Estado a garantizar la participación ciudadana en decisiones que afecten derechos humanos. La falta de foros públicos o debate previo vulnera ese principio y resta legitimidad a la ley”, sostuvo.
El politólogo recordó que reformas similares en otras entidades, como Veracruz y Quintana Roo, fueron invalidadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación debido a omisiones en el proceso legislativo.
Espina también cuestionó la ambigüedad de términos como “menoscabo importante” o “insistencia reiterada”, incluidos en el delito de ciberasedio, al considerar que su falta de precisión jurídica puede abrir la puerta a interpretaciones arbitrarias.
Ambos académicos llamaron al Congreso del Estado de Puebla a revisar la legislación con apertura, responsabilidad y participación de la sociedad civil, especialistas y universidades.
Entre las propuestas presentadas destacan:
• Reformular el artículo 480 del Código Penal para precisar conceptos jurídicos y eliminar ambigüedades.
• Garantizar filtros judiciales antes de aceptar denuncias o eliminar contenidos en plataformas digitales.
• Establecer con claridad que las autoridades no pueden ser víctimas del delito de ciberasedio salvo en casos de amenazas o violencia.
• Crear un observatorio ciudadano que vigile la aplicación de la ley y prevenga posibles abusos.
Pese a las críticas, los especialistas reconocieron avances en la promoción de una cultura digital de respeto y en la protección de la integridad emocional de los menores frente a agresiones en línea.
También consideraron un paso en la dirección correcta la reciente convocatoria del Congreso local para realizar foros ciudadanos, aunque subrayaron que el diálogo debió haberse promovido antes de aprobar la norma.
“El respaldo que ha dado la presidenta Claudia Sheinbaum a esta ley debe ir acompañado de una revisión a fondo que evite su uso para limitar la libertad de expresión. Las aclaraciones no pueden depender sólo de declaraciones del Ejecutivo, deben quedar reflejadas en la norma”, puntualizó Fernando Méndez.
Finalmente, ambos académicos insistieron en que una legislación orientada a garantizar seguridad en el entorno digital no debe comprometer principios democráticos ni debilitar el Estado de Derecho.
