Saludos, queridos lectores:
Y sí, heme aquí de nuevo. Lo cierto es que este tiempo me ha permitido observar la política pública en materia de seguridad en el estado y en los municipios metropolitanos. Aunque al inicio de esta administración se optó por poner al frente de las corporaciones de Seguridad Pública a mandos navales o militares, con la promesa de que ello generaría cambios, tristemente se ha observado que no ha funcionado.
Posiblemente se pregunten con qué sustento afirmo esto. Basta con observar cómo ha incrementado la incidencia delictiva, aunque el gobierno insista en que se ha combatido la delincuencia y, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública, dicha incidencia ha disminuido. Esto no lo afirmo solo yo. En una nota publicada por un medio local informativo, se menciona lo siguiente:
“Aunque la estrategia impulsada por el gobierno estatal y federal de colocar mandos de la Marina al frente de las secretarías de Seguridad Pública en diversos municipios de Puebla ha logrado una disminución general en la incidencia delictiva…, Rodolfo Tadeo Luna de la Mora, académico investigador y coordinador del Laboratorio de Paz con Reconciliación de la Universidad Iberoamericana, campus Puebla, consideró que la presencia de fuerzas federales como la Marina no garantiza una reducción inmediata y uniforme en la criminalidad…
Las cifras sobre la incidencia delictiva, como las carpetas de investigación, no deben tomarse como la única medida para evaluar la efectividad de la estrategia de seguridad. En Puebla y muchas otras partes del país, el porcentaje de denuncias es muy bajo, lo que dificulta que los datos reflejen de manera precisa la realidad de la situación.
Según el especialista, los incrementos en las carpetas de investigación en algunos municipios no siempre reflejan un verdadero aumento de la delincuencia, ya que también puede deberse a un mayor número de denuncias, que no siempre ocurren…
Explicó que, cuando se integra un nuevo mando —incluso si proviene de una institución altamente capacitada— se requiere un periodo de ajuste para conocer las dinámicas delictivas locales, mejorar la coordinación con las policías municipales y construir confianza con la ciudadanía. Además, en algunos lugares puede haber resistencia institucional o factores sociales que dificulten el despliegue eficaz de la estrategia.”
Luego entonces, yo sí puedo retomar y referir que la estadística se basa en las denuncias presentadas ante las Fiscalías, y estas proporcionan cifras mensuales. Cierto es que los números del Secretariado representan cifras oficiales, pero solo reflejan denuncias; esto no significa que realmente se esté combatiendo la incidencia delictiva.
Los que hemos trabajado en esta área somos conscientes de que, si no hay denuncias, normalmente se debe a la falta de credibilidad en las autoridades y al tiempo que conlleva realizar una denuncia. Si usted ha presentado una, entenderá de lo que hablo. Tristemente, muchas personas salen de ese proceso con un mal sabor de boca y prefieren no denunciar en futuras ocasiones. Esto lo comentan con familiares y amigos, quienes, a su vez, también se desalientan.
Además, cuando son víctimas de un delito, el primer respondiente —es decir, el policía— en vez de alentar al ciudadano a denunciar, muchas veces le sugiere que no lo haga para evitarse problemas. Esto ocurre más aún cuando hay detenidos, ya que una puesta a disposición conlleva entre 8 y más de 24 horas. El primer respondiente sabe que eso le quitará parte de su tiempo de descanso, por lo que trata de convencer al ciudadano de desistir.
Esto se agrava por la falta de preparación del primer respondiente, quien prefiere que el área jurídica realice la documentación para el Ministerio Público. Sin embargo, los jurídicos no fueron testigos de los hechos, por lo que muchas veces los documentos son regresados hasta que todo “cuadre”. Esto podría seguirlo detallando, pero me estoy desviando del tema central.
Retomando: después de exponer una de las causas, puedo afirmar que quienes están al frente de las áreas de seguridad no están haciendo su trabajo de manera honesta. Solo se cuelgan de las cifras que derivan de las denuncias, lo cual, como ya he explicado, no significa un combate real a la delincuencia.
Un amigo y colega en la materia hablaba con quien fue mi jefe, y este mencionaba la existencia de una “cifra dorada”: la que se obtiene al comparar las denuncias oficiales con la cifra negra, esa que no se denuncia pero que debe trabajarse diariamente. Lamentablemente, el número de denuncias no se actualiza a diario, y los datos del Secretariado suelen tardar. Por ello, las autoridades deben trabajar con datos tangibles, es decir, con la cifra negra.
Mientras las autoridades sigan repitiendo que “como hay pocas denuncias, todo está bien”, solo se estarán engañando a sí mismas y, por ende, también a la sociedad.
También deberían implementarse campañas de CULTURA DE LA DENUNCIA, es decir, sensibilizar al ciudadano sobre su importancia. Hace tiempo, el gobierno lanzó un comercial con el eslogan: “Delito que no se denuncia, se repite”.
Porque debido a esta situación, se generan:
• Mayor probabilidad de reincidencia: Los delincuentes que no son sancionados tienden a repetir sus actos.
• Cifras negras: Muchos delitos no se registran, lo que dificulta conocer la situación real.
• Desconfianza en la autoridad: La percepción de que no se atienden las denuncias desincentiva su presentación.
• Menor prevención: Si no se tiene información, no se pueden tomar medidas preventivas efectivas.
¿Qué pasaría si trabajáramos con una real cultura de la denuncia? Obtendríamos:
• Visibilización del problema: Las autoridades sabrían qué sucede y actuarían con mayor eficacia.
• Mayor seguridad: Se identificaría y sancionaría a los responsables.
• Confianza en las autoridades: Una atención efectiva fortalece la credibilidad institucional.
Pero, ¿por qué no se hace? Porque el efecto inmediato sería un aumento de las cifras delictivas reflejadas en los informes oficiales. Lo que comparto lo hago con conocimiento y experiencia en el tema.
Tener clara la cifra negra junto con las denuncias presentadas permite construir una radiografía más precisa y, con ella, diseñar estrategias efectivas. Entonces sí podríamos atacar de frente la incidencia delictiva y generar resultados, de los que hoy carecemos.
Como se menciona en una nota publicada por un medio local informativo, es importante dar continuidad a los proyectos. Implementar estrategias y obtener resultados requiere tiempo: entre tres y cuatro años para ver una disminución real. Claro, esto no es una regla, ya que los que tenemos experiencia sabemos cómo acortar estos tiempos y entregar resultados lo más pronto posible.
Además, que nuestros secretarios sean marinos o militares no significa que tengan el perfil adecuado. Podrán tener licenciaturas o diplomados en Seguridad Pública, pero carecen de lo más importante: experiencia en campo.
Una persona con formación inicial, más de dos años de experiencia, y cursos de actualización y especialización tiene un perfil mucho más adecuado. Pregunto: ¿estos nuevos secretarios o directores tienen formación inicial? ¿Cuentan con los cursos de actualización y especialización que exige la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública?
Dicha ley, en artículos como el 6º, 39, 40, 41, 72, 78, 85, 86, 87, 88, 96, 97, 98, 99, 122, 123 y 139, establece los requisitos de ingreso, permanencia, registro y sanciones. Si no los cumplen, estaríamos ante una ilegitimidad e incluso ilegalidad en el ejercicio del cargo.
Reitero: el objetivo es generar conciencia en nuestras autoridades, para que dejen de maquillar cifras y reconozcan las fallas en sus estrategias. Deben buscar planes de trabajo realmente eficaces.
Quizás esto incomode a algunos funcionarios. Aun así, los invito a que trabajen y ejerzan sus funciones de manera correcta, honesta y con resultados reales.