Alma Méndez
El Gobierno del Estado de Puebla anunció la implementación de un protocolo de protección y acompañamiento dirigido a presidentes municipales que enfrenten amenazas o actos de hostigamiento por parte de grupos delictivos. La estrategia contempla asesoría legal, asignación de escoltas y coordinación con fuerzas de seguridad estatales y federales.
Durante una rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier expresó su respaldo a los alcaldes que se encuentren en situaciones de riesgo, aunque advirtió que la omisión en la denuncia de estos hechos podría ser sancionada conforme a la ley.
“Los funcionarios públicos están obligados a informar a las autoridades competentes sobre cualquier presión o amenaza de la delincuencia organizada. El silencio puede ser interpretado como complicidad”, señaló Armenta.
El gobernador recordó que el marco legal mexicano establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en encubrimiento o incumplimiento del deber, aunque no precisó los artículos específicos aplicables.
Finalmente, subrayó que la Fiscalía General del Estado o las instancias correspondientes podrán iniciar investigaciones si se detectan omisiones o irregularidades por parte de autoridades municipales o estatales, lo que podría derivar en sanciones legales.