Alma Méndez
El eco de la impotencia resonó con fuerza en los alrededores del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) San José. «¡Ni una vida más, ni una vida más, por la inseguridad!». Medio centenar de enfermeras y enfermeros, con rostros marcados por la angustia y la rabia, alzaban sus voces en un lamento colectivo.
Su compañero, Fernando Oruña Martínez, había sido asesinado de manera brutal. Un asalto en Amozoc, perpetrado el pasado miércoles, le arrancó la vida con un disparo en el rostro, segando de golpe su dedicación y compromiso con la salud.
Tras recorrer las inmediaciones del hospital, la marcha avanzó por el bulevar 5 de Mayo, luego por la calle 2 Norte, hasta llegar al zócalo de Puebla. «¡Ya basta!», clamaban con fuerza. «¡Quién va a cuidar de nosotros!». No solo era una protesta, era una súplica, un grito de auxilio ante un peligro que ya no distingue profesiones.
Para ellos, Fernando no era solo un colega; era un sostén en el hospital, un profesional íntegro, un ser humano cuya vocación lo llevó a entregarse por completo, incluso en los momentos más oscuros de la pandemia por Covid-19.
Las pancartas ondeaban con cada movimiento, mientras las lágrimas se deslizaban por mejillas cansadas de ver la muerte de cerca. «Nosotros estamos aquí para salvar vidas, pero, ¿quién protege la nuestra?», cuestionaban con un nudo en la garganta.
La inseguridad ha dejado de ser una preocupación ajena y se ha convertido en una sombra que acecha cada jornada laboral. «Salimos de casa sin saber si regresaremos con vida», lamentaban, con el miedo latente en cada palabra.
«Exigimos seguridad para todo el estado», proclamaron con determinación. En un país donde la violencia se cobra vidas a diario, la muerte de Fernando Oruña Martínez no podía convertirse en una estadística más, por lo que pidieron la intervención inmediata de las autoridades municipales y estatales.