Por: Humberto Aguilar Coronado
El consejo general del INE aprobó el monto que recibirán los partidos políticos por concepto de financiamiento público para sus actividades ordinarias.
La prevalencia del financiamiento público sobre el privado en el sistema jurídico constitucional electoral mexicano es una decisión de Estado con profundas raíces históricas y políticas.
En un régimen en el que la posibilidad de competencia electoral era nula, a pesar de la existencia de un sistema nacional de partidos políticos, resultaba imprescindible generar condiciones de equidad para que todos los partidos contaran con un piso mínimo a partir del cual resultaran competitivos.
Gracias a nuestro sistema de partidos, las ideologías y las corrientes políticas que convivimos en México tenemos representación política en todos los niveles de gobierno.
Cierto que no significa que los partidos políticos no acusemos recibo de las críticas que imperan en la sociedad que consideran el financiamiento público como un derroche excesivo de recursos públicos.
Entendemos la lógica de ese reclamo, pero el financiamiento público ha significado una gran herramienta para la consolidación democrática y además, estamos convencidos que significará una de las últimas líneas de defensa de la democracia mexicana en contra de la injerencia del dinero ilícito y de las tentaciones autoritarias que prevalecen en nuestro país.
En los procesos electorales de los últimos años se ha denunciado y, en algunos casos, documentado, la intervención descarada de recursos de procedencia incierta en apoyo de diversas candidaturas que, a la postre, resultaron ganadoras en el proceso electoral respectivo.
A diario observamos cómo diversos actores políticos, que aparentemente aspiran a ser candidatos a la presidencia, despliegan una amplia movilización y propaganda electoral con recursos de origen desconocido.
Uno de los mayores riesgos estructurales de la democracia mexicana consiste en que se permita y tolere el financiamiento ilícito a las campañas o al proselitismo electoral, desde el gobierno o desde la delincuencia organizada.
No importa que los recursos provengan de presupuesto público o de actividades ilícitas, en ambos casos lo que se propicia es que las agendas gubernamentales respondan a intereses particulares y tengan que dejar de lado el interés colectivo.
El financiamiento público no sólo permite la equidad y la competitividad de los partidos políticos, sino que implica un dique al ingreso de dinero privado a la lucha electoral y, con ello, una barrera al ingreso de intereses obscuros en la competencia por acceder al ejercicio del poder público.