Alcaldes en funciones hicieron acuerdos de impunidad con el exauditor Francisco Romero Serrano, reveló el gobernador Miguel Barbosa Huerta, por lo que advirtió que saldrán esta y todas las irregularidades cometidas durante su gestión en la Auditoría Superior del Estado (ASE).
El mandatario hizo un llamado a los ediles actuales a conducirse con honradez y eficiencia y a involucrarse en los temas de seguridad pública en sus territorios, pues su futuro político como candidaturas y la reelección, dependerá de que “estén haciendo bien las cosas”, dijo.
Actualmente, Romero Serrano se encuentra preso en el penal de Tepexi de Rodríguez, para enfrentar los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el de violencia familiar, presuntamente cometido en contra del menor hijo de su pareja sentimental.
El exauditor fue destituido de la Auditoría Superior del Estado (ASE) el pasado 31 de marzo por el Congreso del Estado, en medio de señalamientos por malos manejos en la fiscalización de cuentas públicas, principalmente de los correspondientes a los municipios del estado.
Entre otras acusaciones, se señaló a Romero Serrano por imponer a auditores externos cercanos en los ayuntamientos, con la finalidad de tapar irregularidades en las cuentas públicas, a cambio de sumas millonarias de dinero.
La más reciente investigación en su contra es la que se dio a conocer por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos, que involucra -además de a Francisco Romero- al coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.
La llamada Operación Angelópolis, difundida por el portal www.xpectrofm.com, puso al descubierto la indagatoria que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a los movimientos financieros de los involucrados.
A través de una amplia investigación, la UIF develó la existencia de 32 empresas, que fungían como fachada y factureras, con las que los involucrados habrían recibido depósitos millonarios mediante transferencias bancarias y depósitos en efectivo.
En la indagatoria se investigó la presunta colusión entre el exauditor y los involucrados para extorsionar a expresidentes municipales de distintos partidos políticos, principalmente emanados del PRI, del cual fue parte Ignacio Mier.
El gobernador dijo tener información de que alcaldes en funciones hicieron acuerdos con Francisco Romero para mantener impunidad, situación que se mantiene vigente a pesar de que el extitular de la ASE se encuentre en la cárcel.
“HOY NO HAY ACUERDO DE IMPUNIDAD EN ESOS TEMAS, SABEMOS QUE ALCALDES EN FUNCIONES HICIERON ACUERDOS CON EL AUDITOR Y TODA LA IRREGULARIDAD VA A SALIR, NO CREAN QUE EL AUDITOR CON LO QUE HIZO Y FIRMÓ YA ESTÁ CERRADO, NO, CLARO QUE NO”, Indicó el Gobernador.
Uno de los Presidentes implicados es el de Cuetzalan, el Priísta Gerson Calixto Dátoli, quien fue señalado en la columna del periodista Fernando Maldonado en Abril pasado, como uno de los alcaldes que se prestaban a estas acciones de corrupción y asegura que ingresó.
El edil de Cuetzalan, actuaba con la complicidad de su director de obras públicas, Juan Manuel Téllez, quien intentó ser alcalde en el municipio de Tlatlauquitepec y quien está siendo investigado por obras inconclusas que dejaron en el periodo 2018 – 2021, y por su presunta participación en movimientos ilícitos de dinero que le permitieron hacer campaña para una presidencia municipal y para dejar a su hermano en la actual dirección de obras en el Ayuntamiento de Cuetzalan.
El Gobernador advirtió que la detención del exauditor es apenas el comienzo para sancionar esta cadena de corrupción, en la cual participaron Presidentes Municipales en funciones y su personal de confianza, tal como ocurrió en Cuetzalan.
En su columna “Parabólica” del 3 de abril de 2022, Fernando Maldonado redactó:
El edil de Cuetzalan del Progreso, Gerson Calixto Dátoli, ingresó a las oficinas de su partido, el Revolucionario Institucional, con un cargamento difícil de mantener ajeno a la mirada escrutadora de quien lo vio ingresar allá en la Diagonal Defensores de la República: un millón 600 mil pesos.
El monto del dinero en efectivo sería utilizado para cerrar un acuerdo de inmunidad antes, durante y después de la revisión de sus cuentas públicas en la Auditoría Superior del Estado, en donde aún despachaba el imputado Francisco N., que ahora enfrenta dos procesos penales.
La oficina a la que se dirigía es la que, por breves periodos, llega a despachar el autollamado “operador de valles”, el exdiputado del Partido Nueva Alianza, Jonathan Collantes Cabañas, responsable de la cartera de Vinculación Empresarial y Emprendimientos, llevado ahí con bombo y serpentinas por el actual dirigente Néstor Camarillo.
En la trama de extorsión del edil priísta cuetzalteco, que consiguió reelegirse el año pasado, hubo un tercer personaje, el exdirigente priísta e integrante conspicuo del grupo político del excandidato a gobernador en 2018, Enrique Doger Guerrero: Javier Casique Zárate.
Fue quien persuadió al exauditor Superior del Estado, ahora imputado por la Fiscalía del Estado, de que nada negativo podría suceder ante el titular de un órgano independiente de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Casique Zárate creció políticamente en un ambiente rancio del priísmo acostumbrado a pactar acuerdos inconfesables, pero redituables.