Jorge Barrientos
El diputado local Miguel Espinosa de los Monteros Gil, dijo que está promoviendo ante el Congreso del Estado, se apruebe la denominada Ley Carpy, en el que se busca, se pueda brindar la atención a víctimas de delitos por parte de las instituciones de salud, tanto estatales como municipales, con un enfoque en la inmediatez, la gratuidad y la integralidad de los servicios.
La iniciativa del panista Oswaldo Jiménez López incluye una serie de reformas a la Ley de Víctimas del Estado de Puebla.
Esta iniciativa la “bautizó” con el nombre de “Ley Carpy”. En honor a Felipe Carpinteyro quien resultó herido durante un asalto en junio de 2022.
A continuación, se presenta un resumen de los puntos clave:
1. Atención permanente y sin condiciones previas: Las instituciones de salud deben ofrecer atención continua a las víctimas que lo requieran, sin exigir ningún tipo de condición previa para su admisión.
2. Derechos adicionales de las víctimas del delito en materia de atención y servicios de salud:
• Gratuidad en los servicios: Las víctimas tienen derecho a recibir atención, protección y rehabilitación de manera gratuita en áreas médicas, psicológicas, psiquiátricas y odontológicas, de forma permanente.
• Citas médicas en tiempos específicos: Las entidades de salud pública del Estado y los municipios con capacidad deben garantizar citas médicas en un periodo no mayor a cinco días desde que la víctima lo solicite. En casos de urgencia en salud, la atención debe ser inmediata.
• Terapias de rehabilitación: Las víctimas también tienen derecho a recibir terapias de rehabilitación y servicios terapéuticos.
3. Procedimientos para garantizar los servicios: El Gobierno del Estado y, cuando corresponda, los municipios, a través de sus organismos, dependencias y entidades de salud pública, son responsables de definir los procedimientos necesarios para garantizar de manera gratuita los servicios terapéuticos y de rehabilitación relacionados causalmente con el hecho victimizante.
Estos puntos destacan el compromiso del Estado y los municipios para asegurar una atención oportuna y adecuada a las víctimas, enfocándose en su recuperación integral y bienestar.