Cuando un funcionario o exfuncionario público es investigado, invariablemente se habla de “persecución política”, aunque no haya ni siquiera elementos para comprobarlo. La semana pasada el exsecretario Abelardo Cuéllar en lugar de argumentar jurídicamente, expresó algunos dichos que distan mucho de considerarse sólidos. Uno fue el de la supuesta persecución, sin embargo hay que tomar en cuenta en primer lugar, que ya no son esos tiempos donde se trataba así a los opositores (como se estilaba en la era del prianismo poblano); como segundo punto, tampoco se trata de alguien que pudiera haberse considerado enemigo, adversario u opositor del gobierno, si hasta formaba parte de él!
Tampoco se podría decir que la supuesta persecución se debe a sus aspiraciones políticas, pues, -dicho de manera muy sensata y respetuosa-, el exsecretario tampoco ha estado considerado en proyecciones o análisis políticos públicos, y en las encuestas sus números no son relevantes. Respecto asu dicho, de que el proceso en su contra puede deberse a que en 2017 no quiso tomarse una fotografía con el actual gobernador es algo realmente risible.
Lo dijo el gobernador, la autoridad que determinará si hubo responsabilidades no es él, eso lo sabe el exsecretario porque es abogado, quien tendrá derecho a defenderse, y si no hay causa de ley que lo incrimine, no habrá sanción alguna. Nadie va a inventar asuntos en su contra, ni hay consigna en su contra.
Precisamente por eso, saliendo de los “dimes-y-diretes”, consignaré cuatro hechos reales y comprobables sobre este asunto:
1. Debido a las inconsistencias encontradas por aproximadamente 22 millones de pesos en el proceso de entrega-recepción (respecto al año 2021 solamente), se presentaron siete denuncias. Suma alarmante, tomando en cuenta que el presupuesto anual de la secretaría es de apenas 82 millones de pesos.
2. A mi llegada a la secretaría encontré burocratismo, rivalidades y desorganización, pero lo peor, varias denuncias de acoso sexual y hostigamiento laboral (que al parecer eran costumbre), hechos que reportaron al exsecretario por tratarse de gente muy cercana a él, pero que no hizo nada porinvestigar y sancionar.
3. Hay detectados casos de amiguismo, compadrazgos,favoritismos, tanto en la contratación de personal, como en las decisiones para otorgamiento de proyectos y programas estatales y federales.
4. De acuerdo a la respuesta de la propia Secretaría de Trabajo (julio de 2021), a la solicitud de transparencia 00853821, el exsecretario actuaba a la par de su función, como abogado defensor en 104 casos laborales contra el propio gobierno, representando en un mismo juicio a la parte actora, y a la parte acusada, (en este caso al Gobierno del Estado). Esto, además de ser conflicto de interés, y una total falta de ética, es presuntamente un delito.
No pretendo incidir o entrometerme en el proceso que se sigue, y mucho menos hacerlo un tema personal. Todo se dirimirá por las vías institucionales correspondientes. Ni el gobernador, ni la secretaría de trabajo son quienes determinarán si hubo o no responsabilidades, pero consideraba importante hacer honor a la verdad aclarando algunos puntos, con hechos comprobables, para salir del terreno de supuestos y argumentos inverosímiles.