Promueve Congreso iniciativa para que cuerpos de seguridad cuenten con seguro de vida

 

 
Para avanzar en el mejoramiento de las prestaciones de las y los policías ante los riesgos que corren, la diputada Patricia Valencia Ávila presentó una iniciativa para modificar la Ley de Seguridad Pública, con la finalidad de establecer que los cuerpos de seguridad pública estatal y municipales gozarán de un seguro de vida por el ejercicio de sus funciones.
 
Al presentar su iniciativa en sesión ordinaria de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, la legisladora explicó que es necesario garantizar una remuneración digna para las y los policías, además del acceso a un seguro de vida ante el peligro constante en el que se encuentran.
 
La iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al artículo 52 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
 
Por otra parte, la diputada Eliana Angélica Cervantes González presentó una iniciativa para reformar el Código Penal, a fin de agravar las sanciones por el delito de privación de la libertad cuando ocurra en vehículos de transporte privado solicitado a través de plataformas tecnológicas.
 
La iniciativa que propone reformar el último párrafo del artículo 299 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
 
En tanto, el diputado José Miguel Espinosa de los Monteros Gil presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Gobernación del Estado y a los 217 Ayuntamientos de la entidad, a fomentar mecanismos de participación ciudadana que impulsen la implementación de consejos de participación ciudadana, observatorios ciudadanos y presupuestos participativos.
 
Lo anterior, con el objetivo de que la ciudadanía sea partícipe de las acciones, planes y programas de gobierno.
 
El exhorto fue turnado a la Comisión de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción para su estudio y resolución correspondiente.
 
Durante la sesión, la Mesa Directiva dio cuenta de los siguientes asuntos:
-Iniciativa de la diputada Rosalinda Toledo Castellanos para reformar el Código Penal, a fin de adicionar dentro de las causas de exclusión del delito, cuando la persona inculpada haya sido víctima de violencia sexual, familiar o por razón de género. De igual manera, que los jueces y Tribunales, tomen en cuenta el género al dictar sentencia condenatoria.
 
La iniciativa que pretende reformar la fracción VI del artículo 74 y adicionar la fracción XIII al artículo 26 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis.
 
-Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar las fracciones V del artículo 146 y la I del 147 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar la denominación de la Secretaría de Gobernación en dicho ordenamiento.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y resolución procedente.
 
-Iniciativa de la diputada Rosalinda Toledo Castellanos para reformar el Código Civil del Estado para armonizarlo con el Código Civil Federal, a fin de establecer que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Por lo que toca al matrimonio, este derecho será ejercido de común acuerdo por los cónyuges.
 
La propuesta legislativa para reformar el artículo 317 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y resolución procedente.
 
 
En asuntos generales, la diputada Mónica Silva Ruiz presentó una iniciativa para fortalecer el marco constitucional en materia de derechos humanos, que permita el desarrollo, igualdad y no discriminación, pero principalmente que reconozca, promueva, proteja y garantice el derecho a la paz de todas las personas.
 
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución correspondiente.

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