Gitana Insurrecta
Las muertas no se ven, por eso hay que nombrarlas y hacer mucho ruido, tal como lo está haciendo la abogada Helena Monzón. Este 21 de mayo se cumplen dos años del feminicidio de su hermana, la también abogada y activista, Cecilia Monzón, asesinato que fue ordenado por el político priista Javier López Zavala.
Helena, radicada en España, desde que se cometió el crimen, encontró en las redes sociales el mejor megáfono para hacer ruido y que todos —al menos los del círculo político al que aún pertenece López Zavala— sepan que no se detendrá hasta que un juez le dicte la sentencia máxima de 70 años al feminicida.
Por ese medio, Helena denunció que López Zavala se reúne con su esposa e hijos en una de las salas del Poder Judicial, antes de las audiencias, un privilegio que otorga el juez a este feminicida con el argumento de que es por humanidad. Esto es insultante para los deudos de Cecilia Monzón.
Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han provocado que los feminicidas no siempre sean enjuiciados, sin importar que sean responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres, sin importar que las descuarticen o asfixien o, como fue el caso de Cecilia, sin importar que la hayan cazado mediante tiros a quemarropa mientras circulaba en su vehículo, que fue lo que ordenó López Zavala.
Estos abismos en la justicia han sido formados por lagunas legales, protocolos inadecuados para proteger las escenas de los crímenes, investigaciones ministeriales erróneas y, sobre todo, una tipificación de los delitos con penas mínimas.
Registros de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib) indican que los culpables de feminicidio evitan la prisión, a pesar de que se establezca su responsabilidad y haya sentencia condenatoria, debido a las deficiencias con las que operan las fiscalías que investigan y prueban estos crímenes, así como por la discrecionalidad con la que los jueces encargados de estos casos otorgan beneficios a los agresores para eludir la sanción.
Esta es una de las razones de que los hombres sigan asesinando mujeres en México. También, de que quienes denuncien se sientan en riesgo o vivan aterrorizadas ante la inminente libertad de su agresor. Es el caso de Andrea Mireli Juárez Vázquez, quien a los 14 años fue violada y embarazada por su padrastro, Ramón “N”, hermano del Juez Celestino Martínez Bones.
Andrea es hija de Miriam Vázquez, expareja de Ramón “N”. Éste secuestró a Andrea, a la bebé que tuvo con ella, y a otra hija suya y de Miriam. Tras la denuncia de Miriam y después de ocho meses de buscarlas, el gobierno de Puebla localizó a las menores en Tijuana y las regresó con Miriam, a su localidad natal, Huauchinango.
Miriam y Helena tienen casi dos años exigiendo al Poder Judicial de Puebla que haga su trabajo. Que reclasifique el delito de estupro por violación, en el primer caso; en el segundo, que dicte una sentencia máxima de 70 años por feminicidio. Ambas continúan a la espera de que la justicia para las mujeres sea una realidad en nuestro estado.
Hace unos días, antes de presentarse a una audiencia en donde ella enfrentaría a Ramón “N” por primera vez —ya que ahora es mayor de edad—, Andrea Mireli me envió un video en el que expresa que teme por su vida y la de su madre y hermanas. La audiencia fue diferida tras la petición de la defensa del acusado. Andrea y su madre, Miriam, regresaron a casa indignadas, a esperar una vez más que un juez decida su destino. Si reclasifica estupro por violación y hay una sentencia, ellas estarán a salvo; de lo contrario, el agresor saldrá, y ellas podrían terminar como Cecilia Monzón.
Insurrectas en pie de lucha. ¡Si tocan a una, respondemos todas!