Las reformas constitucionales propuestas por AMLO, buscan una concentración de poder y la eliminación de barreras, especialmente en lo que respecta a los órganos constitucionales autónomos, cuyo papel en la arquitectura constitucional ha sido fundamental en las últimas décadas para equilibrar los poderes, señalaron académicos de la Upaep.
Muchas de las propuestas parten de diagnósticos populares, es decir, problemas evidentes y deseables que necesitan atención. Sin embargo, es importante distinguir entre la deseabilidad y la viabilidad de las soluciones planteadas, expresó Valente Tallabs González, director de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de dicha casa de estudios.
Valente Tallabs llamó a la ciudadanía y a los actores políticos a centrarse en lo trascendente y urgente para el país, dejando de lado consideraciones de pertinencia o viabilidad política electoral. Destacó la importancia de trabajar en conjunto para avanzar hacia una ciudadanía madura que pueda poner el foco en lo que realmente importa a largo plazo.
Analizó la intencionalidad detrás de estas reformas, destacando que van más allá de fortalecer o corregir lo existente. Argumentó que buscan una concentración de poder y la eliminación de barreras, especialmente en lo que respecta a los órganos constitucionales autónomos, cuyo papel en la arquitectura constitucional ha sido fundamental en las últimas décadas para equilibrar los poderes.
Planteó que estas propuestas no se presentaron como parte de un proyecto de nación integral o como una reforma de Estado, sino más bien como una agenda con la intención de influir en el proceso electoral y en el futuro gobierno. Destacó la falta de consenso en la presentación de estas iniciativas, subrayando la unilateralidad del presidente en su presentación. Criticó la falta de atención a los grandes problemas del país, como seguridad, educación, salud y economía, que deberían estar en el centro de la discusión pública en lugar de estas reformas.
Subrayó que el momento actual demanda un balance a seis años de gestión, evaluando tanto los logros como las deficiencias. Hizo un llamado a la sociedad a enfocarse en lo que realmente importa en este momento, destacando la necesidad de discutir las propuestas de los candidatos para abordar los grandes problemas y retos que enfrenta el país.
En su oportunidad, Claudia Ramón Pérez, profesora de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno, abordó específicamente la reforma electoral, destacando puntos críticos y llamando a la participación ciudadana.
Ramón Pérez abordó la persistencia del presidente en presentar reformas electorales, siendo esta la tercera iniciativa en el sexenio. Se centró en la propuesta de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE) y crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, señalando preocupaciones sobre la injerencia del gobierno y la posible centralización de las funciones electorales.
Uno de los puntos destacados por la especialista fue la eliminación de diputados y senadores de representación proporcional. Hizo hincapié en la importancia histórica de este sistema para dar voz a las minorías en la legislatura, y expresó su preocupación sobre cómo esta eliminación afectaría a los partidos de oposición, contribuyendo potencialmente a un sistema más bipartidista.
Otro aspecto analizado fue la reducción del financiamiento público a los partidos políticos y la regulación de las aportaciones privadas. Ramón Pérez cuestionó la fórmula de cálculo, destacando que se hace sobre el padrón electoral en lugar de la lista nominal, lo cual podría no reflejar con precisión la participación real. Instó a revisar la fórmula y abogó por considerar prácticas internacionales que fomenten la vinculación de los partidos con la sociedad.
Mientras que, Fernando Méndez Sánchez, director de la Facultad de Derecho de se sumó al análisis de las reformas constitucionales propuestas por AMLO, destacando la importancia de la defensa del Estado de Derecho y señalando desafíos jurídicos significativos.
Abordó la complejidad de las propuestas y resaltó que el deber ser no se traduce automáticamente en la realidad. Subrayó la preocupante situación fiscal del país, con un déficit público entre el 52% y el 54% del Producto Interno Bruto, lo cual plantea desafíos económicos considerables. Remarcó que, incluso con la desaparición de ciertos órganos, las cuentas públicas aún podrían no cuadrar.
Méndez Sánchez compartió la opinión de sus colegas acerca de que no se trata de una reforma de Estado, sino de una agenda específica. Se refirió al «timing jurídico» y señaló que algunas propuestas podrían entrar en conflicto con normas internacionales, como la prisión preventiva, la transformación de la CFE y la prescripción del maíz transgénico.
Mariana Durán Márquez, profesora de la Facultad de Derecho de la UPAEP, destaca la importancia de entender que las reformas constitucionales impactan directamente en los derechos humanos de todos los ciudadanos. Hace hincapié en el llamado reciente de la ONU que emitió 300 recomendaciones al Estado mexicano por violar derechos humanos. Señala que estas iniciativas y discursos políticos pueden vulnerar a la ciudadanía en general.
Señaló que el papel del Poder Judicial, tener un perfil específico y técnico para poder ser ocupado, resaltando que los jueces, magistrados y ministros deben ser licenciados en Derecho. Destaca la importancia de que el Poder Judicial ejerza su papel con neutralidad e independencia judicial para controlar el cumplimiento de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales.
Advirtió sobre la propuesta de designación de jueces por voto popular, comparándola con modelos franceses e incluso estadounidenses. Sin embargo, destaca que el actual modelo de selección de jueces en México se basa en el estadounidense, influenciado por la elección indirecta y la soberanía popular.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para comprender el estado de derecho y el principio de legalidad, destacando que el desconocimiento de la ley y sus límites es aprovechado por el poder político para impulsar cambios que podrían afectar el marco normativo y el Estado de Derecho.
