El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que las iniciativas que el titular del Ejecutivo federal enviará al Palacio Legislativo de San Lázaro son propuestas articuladas a reformas constitucionales y legales que se plantearon en la anterior y actual legislaturas, en cumplimiento al mandato del pueblo cuando emitió su sufragio.
Explicó que, en materia de pensiones, se corrigió la ausencia de un fondo cuando se individualizaron las cuentas en 1997 por parte de la administración del expresidente Ernesto Zedillo y que complementó el ex mandatario Felipe Calderón para los trabajadores del apartado B, lo que dejó sin fondo a cerca de 59 millones de trabajadores.
En ese sentido, comentó, en 2020 se emprendió una reforma para que los trabajadores incorporados a partir de esa fecha pudieran contar con un fondo que les garantizara el 89 por ciento de su ingreso, con el incremento de aportaciones tanto de empleadores como de trabajadores.
Señaló, sin embargo, que hay mexicanas y mexicanos que llevan 25 años laborando y que cuando cumplan 30 empezarán a padecer por una capacidad de gasto disminuida, debido a pensiones raquíticas y, por ello, se contemplan modificaciones a la ley que alivien el futuro de la clase trabajadora.
Declaró que de manera conjunta se blindará el salario mínimo contra la inflación y la reducción de la jornada laboral.
Por otra parte, expresó que la impunidad es una constante que impide cerrar la llave a la delincuencia, motivo por el cual se buscó mejorar el sistema de impartición de justicia a través de puntualizar las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No se pudo hacerlo desde dentro con la reforma a la ley. Se privilegiaron los aspectos legales sobre los aspectos de justicia, por lo que eso viene ya con el Ejecutivo como reforma y vamos a abrirlo nuevamente al debate de todos”, dijo.
Declaró que es real que el sistema judicial en México está podrido y resulta increíble que los responsables del control constitucional, en perjuicio del interés general, favorezcan amparos, violando la Constitución y su propia ley.
Recordó que la Corte violó sus propios estatutos y puso en contradicción los criterios y el desempeño de quienes la integran al declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica.
“Uno de los poderes que de manera reiterada ha emitido criterios con relación a la supuesta violación del reglamento, del procedimiento legislativo, incurrieron una violación de su propia ley, y eso, además de incurrir en responsabilidades, pone de manifiesto una actuación, por decir lo menos, sectaria”, apuntaló.