En sesión pública ordinaria de la LXI Legislatura, el Pleno del Congreso del Estado avaló el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley del Notariado para el Estado de Puebla, que tiene como finalidad robustecer el marco jurídico y garantizar la profesionalización de la función notarial en la entidad, a través de mecanismos de capacitación y evaluación.
El dictamen establece que los profesionales que llevan a cabo la función notarial se deberán actualizar, capacitar y evaluar de manera anual, de acuerdo a la disposición de la Dirección General del Notariado. También se determina al Servicio Profesional Notarial como el mecanismo de mejora continua establecido para la profesionalización de las funciones.
Y se especifica que los postulantes a titulares de una notaría deberán tener al menos
28 años cumplidos y contar con residencia en el Estado de Puebla, los cinco años anteriores a la fecha del examen, así como acreditar la experiencia en el ámbito notarial mínimo de 10 años.
En este sentido, la diputada Mónica Silva Ruiz señaló en Tribuna que el dictamen también establece la creación de una notaría por cada 25 mil habitantes económicamente activos, lo que permitirá una mejor distribución y control de la actividad notarial, evitando el establecimiento desproporcionado y discrecional. Así como obligar a las notarías para que cuenten con la infraestructura tecnológica necesaria y los recursos humanos y materiales para ofrecer servicios de calidad.
Por otra parte, las y los diputados de la LXI legislatura avalaron el dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública del Estado, lo que permitirá establecer procesos más eficientes, seguros confiables.
El dictamen también busca garantizar la seguridad de la información y el respaldo documental que obre en las oficinas públicas y su disponibilidad por parte de los servidores públicos que participan, así como el acceso a la información en caso de discrepancia, para lo cual se recurrirá a los documentos en poder del Órgano Interno de Control.
Al respecto, la diputada Mónica Silva Ruiz señaló que resulta indispensable que Puebla cuente con una Ley fortalecida para lograr una transición ordenada, ante los próximos cambios de administración.
Por su parte, la diputada Joselyn Olivares López señaló que las reformas al ordenamiento legal permitirán mantener el Orden Jurídico, preservar la estabilidad de la función pública y la gobernabilidad.
Asimismo, el Congreso del Estado declaró aprobado el decreto de fecha 15 de diciembre de 2023, por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Puebla.
En más del orden del día, el Congreso del Estado avaló reformas y adiciones a la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de establecer que son atribuciones de los ayuntamientos el impulsar el desarrollo de las comunidades y demás centros de población, además que corresponde al Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal impulsar la participación social en este proceso.
De igual manera, las y los diputados avalaron el dictamen para adicionar el artículo 199 Bis a la Ley Orgánica Municipal, con el objetivo de establecer que los ayuntamientos procurarán que las vialidades a su cargo, con mayor circulación y tránsito, cuenten con señalética y elementos visuales suficientes, para las prevenciones mínimas que deben ser observadas por los peatones y conductores de vehículos.
También se aprobó el acuerdo para exhortar a los 217 ayuntamientos de la entidad a implementar jornadas ciudadanas de trámites y servicios de manera periódica, de preferencia en lugares donde existan mayores núcleos de población o existan más carencias detectadas, con la finalidad de generar gobiernos cercanos a la ciudadanía.
Finalmente, el Pleno del Congreso avaló el acuerdo para exhortar a las Secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de Infraestructura, y de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, para que refuercen acciones en materia de prevención del delito y protección de las personas que transitan por las autopistas México–Puebla y Puebla–Orizaba.