Con el cometido de preservar la estabilidad financiera y atender las actividades sustantivas de la institución -docencia, investigación y cultura-, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad de votos el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2024, el cual además de medidas de contención del gasto, establece un ejercicio de 10 mil 259 millones de pesos, con criterios conservadores, austeros y prudentes, para garantizar la formación integral y de calidad de los estudiantes.
Al respecto, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez recordó que del total de ese monto a ejercer este año, más del 70 por ciento corresponde al pago de nómina de los trabajadores activos y de los jubilados, por lo que agradeció el manejo racional de estos recursos para mantener la estabilidad financiera de la institución.
Precisó que el resto del presupuesto se destinará al crecimiento de CU2, la adquisición de autobuses para el traslado a este nuevo campus, infraestructura, mantenimiento y el comedor universitario, entre otros rubros importantes.
Durante la primera reunión del año del Máximo Órgano de Gobierno de la BUAP, se aprobaron además la reforma integral al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios, así como los proyectos de reforma integral del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias y del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los Consejos de Unidad Académica.
Así también, luego de las ternas presentadas a propuesta de la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez, los consejeros universitarios votaron a favor de la designación de Carlos Martín del Razo Lazcano, como titular de la Tesorería General, para el periodo 2024-2028; y de Omar Gerardo Aguirre Ibarra, como defensor de los Derechos Universitarios, 2024-2027.
Garantizar la estabilidad financiera
En el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2024, en el que se hace una estimación y previsión de ingresos y egresos del 1 de enero al 31 de diciembre de este año, se establece un subsidio federal por 5 mil 138 millones 729 mil pesos; un subsidio estatal por 2 mil 531 millones 015 mil 855 pesos; ingresos por venta de bienes y prestación de servicios por mil 390 millones de pesos; además de otros conceptos que en total suman ingresos por 10 mil 259 millones 745 mil 017 pesos, destinados a atender el gasto corriente.
Estos ingresos se destinarán de la siguiente manera: 5 mil 050 millones 789 mil 107 pesos para servicios personales; 814 millones 442 mil 426 pesos para materiales y suministros; mil 509 millones 647 mil 061 pesos para servicios generales; mil 450 millones 805 mil 162 pesos para pensiones y jubilaciones; 152 millones 605 mil 050 pesos para becas; 584 millones 456 mil 210 pesos para bienes, muebles, inmuebles e intangibles; y 697 millones en inversión pública.
Reformas a reglamentos apegados a la legalidad y transparencia
En otro punto, el Consejo Universitario aprobó la reforma integral al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la BUAP, el cual no sufría modificaciones desde hace 32 años.
Miriam Olga Ponce Gómez, titular de la Oficina de la Abogada General, argumentó la necesidad y urgencia de modificar este reglamento aprobado desde 1992, a fin de estar en concordancia con las actualizaciones al Estatuto Orgánico, derivadas de las reformas a la Ley de la BUAP.
Esta reforma al Reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios (para la cual se tomaron en cuenta 226 opiniones) incorpora 31 artículos, cinco capítulos y dos artículos transitorios. Con estas modificaciones se busca garantizar el respeto a los derechos humanos dentro de los recintos universitarios, pero también el ejercicio pleno del derecho a la educación y a espacios libres de violencia.
También se aprobó por unanimidad de votos el proyecto de reforma integral del Reglamento de Elección de Autoridades Personales Universitarias, con el fin de armonizarla con las leyes generales del país y con la reciente modificación del Estatuto Orgánico de la institución; además, disponer de un ordenamiento claro, ordenado y congruente para los nombramientos de los titulares de la Rectoría y de unidades académicas.
Para este fin, la abogada General, Miriam Olga Ponce Gómez, expuso que se unificaron algunos artículos, se establecieron diferencias específicas, se eliminaron remisiones a otros artículos o fracciones, se complementaron artículos, se reordenaron sus disposiciones para dar lógica a las etapas de elección y nombramiento de autoridades, y se adecuó a un lenguaje inclusivo.
Asimismo, por unanimidad de votos se aprobó el proyecto de reforma integral del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Universitario y de los Consejos de Unidad Académica, con el propósito de actualizarlo y corregir algunos de sus artículos. Así, se homologaron y corrigieron términos, se adoptaron artículos adecuados por su redacción, se incorporaron y aclararon otros. Dichas adecuaciones tuvieron como fin reordenar contenidos para la secuencia correcta de cómo ocurren las diferentes acciones.
Para recabar la opinión de los integrantes del Consejo Universitario con respecto a las modificaciones de estos dos reglamentos, la abogada General explicó que se habilitó una plataforma de consulta del 30 de enero al 21 de febrero, cuya participación podrá ser individual o colectiva en la página www.buap.mx, a través del ingreso de su matrícula o número de trabajador.
Al respecto, la rectora María Lilia Cedillo Ramírez expuso: “Queda en ustedes que estas propuestas sean revisadas y consultadas con los sectores que representan, para así ser armonizadas con las recientes modificaciones al Estatuto Orgánico”.
Sexto informe del defensor José Francisco Ávila Caso
Asimismo, el Consejo Universitario aprobó el Sexto Informe de Labores de José Francisco Ávila Caso, con lo cual concluyó su periodo al frente de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Entre los puntos que destacó está la atención a 143 quejas recibidas en 2023; así como la realización de 55 orientaciones a estudiantes, las cuales se incrementaron 43 por ciento respecto al año anterior, esto gracias a la divulgación que se realiza de los derechos universitarios.
Ávila Caso informó también de un incremento de 39 por ciento en las gestiones que efectuaron. De un total de 151, al menos 139 fueron a favor de estudiantes. Además, 52 cursos de inducción a los derechos universitarios; 45 conferencias presenciales en preparatorias y unidades académicas, incluyendo complejos regionales. También asistieron a 37 foros y llevaron a cabo 226 acompañamientos a alumnos citados en la oficina de la Abogada General. Todo esto sin dejar de lado la colaboración con otras dependencias.