La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, Julieta Vences Valencia exhortó a los congresos locales de las 32 entidades federativas a armonizar su marco jurídico, a fin de coadyuvar a la creación y funcionamiento del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Solicitó llevar a cabo acciones administrativas para suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información relacionada con el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
La legisladora por Morena detalló que las obligaciones alimentarias que adquieren los padres y su cumplimiento efectivo tienen implicaciones en el desarrollo de la infancia, particularmente en lo que se refiere al derecho a la alimentación, educación, salud y vivienda adecuada.
Han surgido diversos mecanismos para garantizar el acceso a una pensión alimenticia, además de velar por el interés superior de la niñez como establece el artículo 4º constitucional al mandatar que todas las mexicanas y mexicanos tienen derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, subrayò la legisladora por el estado de Puebla.
Explicó que un mecanismo por el que han optado las instituciones públicas mexicanas ha sido la creación de un registro de deudores alimentarios morosos, instrumento con el que se busca disuadir a las personas para que no dejen de cumplir con sus obligaciones en la materia.
Reconoció que la falta de homogeneidad en la legislación local constituye un grave problema, ya que, si bien, es cierto que existen entidades federativas en las cuales operan estos registros para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de alimentos, en la mayoría de las entidades del país no existen medios para hacerlos efectivos.
Por ello, exigió, resulta necesario materializar todos los mecanismos y las acciones que harán que los deudores alimentarios cumplan con su obligación en toda la república mexicana.
Vences Valencia indicó que únicamente 19 congresos locales son los que han creado un registro de deudores alimentarios morosos, los cuales corresponden a las entidades federativas de Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
“Resulta necesario exhortar a distintas autoridades con la finalidad de que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarios sea una realidad en nuestro país y que las personas que han sido reconocidas con esta responsabilidad no sigan gozando de impunidad y continúen incumpliendo con sus obligaciones”, puntualizó.
La diputada federal destacó que el funcionamiento del registro permitirá fortalecer el Estado de Derecho, toda vez que la información recopilada y concentrada será fundamental para que las instituciones públicas puedan aplicar con eficacia las sanciones correspondientes en caso de incumplimiento.