- La IBERO Puebla consigue precedente judicial para proteger derechos de niñas y niños y proteger integralmente derechos de familias de personas desaparecidas.
La Clínica Jurídica Minerva Calderón obtiene una sentencia histórica del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo en Puebla que asegura la atención médica y afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social a una niña, cuya madre se encuentra desaparecida, al reconocer que el cuidado y custodia que realizan sus abuelas es equiparable al vínculo de padres/madres a hijos exigido por la legislación de seguridad social para la afiliación.
La resolución señala que la falta de legislación sobre declaración de ausencia en Puebla no debe ser una justicación de las autoridades para negar derechos y que la desaparición genera dinámicas familiares que trasladan las labores de cuidado y custodia a las abuelas buscadoras. En este caso concreto, las abuelas son las personas que asumen conjuntamente el cuidado de su nieta. Esto evidencia que la desaparición, además de las cuestiones de búsqueda y acceso a la justicia, produce múltiples impactos: en los proyectos de vida, en la conformación de las familias y en los roles, en esquemas de custodia compartida, entre otras.
La decisión evidencia la deuda del Estado con las personas desaparecidas y sus familiares. Actualmente, alrededor de 15 entidades federativas no cuentan con declaración especial de ausencia, lo que impide contar con una gura que, reconociendo la presunción de vida, garantice la custodia de niñas, niños y adolescentes, además de proteger derechos y bienes de las personas desaparecidas.
Por ello, este precedente resulta esperanzador para miles de familias en el país en cuyas entidades federativas no existe el procedimiento de declaración de ausencia.
Se espera que el Juzgado resuelva otro amparo vinculado al mismo caso por la falta de legislación por parte del Congreso de Puebla y se le ordene legislar en materia de declaración de ausencia.
Reconocemos la decisión de la jueza Blanca Alicia Lugo López, que, tanto en la suspensión con efectos de tutela anticipada como en la sentencia, ha protegido de manera reforzada el interés superior de niñas y niños, colocando en el centro de la actuación jurisdiccional a las personas, mediante una tutela judicial efectiva frente al contexto de desaparición de personas en el país, así como por la emisión de un formato de lectura fácil que busca acercar la justicia a las infancias.