Activistas y colectivos respalda la defensa del agua que impulsa el senador Armenta

Al cumplirse 10 años de la privatización del agua en Puebla, colectivos ciudadanos reunidos en la Plaza de la Concordia de la ciudad, coincidieron con el senador Alejandro Armenta, al manifestar su desacuerdo y advertir que el derecho humano al agua, se haya encarecido, aun cuando las autoridades que hoy pregonan «agua para todos», son los quiénes la venden.

Los colectivos en Defensa del Agua y Por Amor a Puebla, que se dieron cita en la Plaza de la Concordia de la ciudad de Puebla, se solidarizaron con la ciudadanía y respaldaron la demanda social del senador Alejandro Armenta, quien ha expresado que la concesión del agua se dio para que tuvieran el líquido, de una manera asequible, suficiente y a bajo costo, como lo marca el artículo cuarto constitucional.

Los colectivos y el Movimiento por Amor a Puebla, manifestaron su descontento y exigieron que la autoridad municipal atienda las demandas de los ciudadanos y que deje de solapar a la empresa que da el servicio para frenar los abusos en contra de la población, pasando por alto mandatos judiciales que revierten, clausuras y cobros excesivos.

En el foro ciudadano, los activistas expresaron que son 500 colonias en el municipio que no cuentan con servicio de agua, lo que ha generado una crisis económica entre la población quiénes tienen que comprar pipas para su consumo y aseo personal.

En la reunión los integrantes de los colectivos en defensa del agua retomaron el mensaje del legislador poblano, efectuado el pasado lunes en el zócalo de la ciudad, quién llamó a los ciudadanos a ejercer su derecho a defender, pero sobre todo, a exigir que haya calidad en el servicio de suministro de agua, resaltando que, está es una de las cinco tareas encomendadas por la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, quien ha expresado que es tarea de toda autoridad, impulsar y promover los derechos de los ciudadanos y además, señalar a aquellos gobernantes y servidores públicos que violenten las garantías individuales consagradas en la Construcción.

 

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