– Durante la Comisión Permanente se presentaron iniciativas en materia de procuración de justicia, gobernación, cultura, grupos vulnerables y educación
– En asuntos generales, diputadas impulsan iniciativas a favor de grupos vulnerables, así como un exhorto en materia educativa
En sesión pública, la Comisión Permanente de la LXI Legislatura del Congreso del Estado dio cuenta de la iniciativa del diputado Rafael Micalco Méndez para reformar el Código Penal del Estado, con el propósito de incrementar las penas y multas para quienes cometan el delito de robo de vehículos de motor, así como para las personas que se apoderen de la mercancía o carga del transporte ferroviario, público o privado, sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de los mismos.
La propuesta legislativa establece que, si el objeto del robo es un vehículo de motor, como motocicletas, automóviles, camiones, tractores u otros semejantes se impondrá de ocho a catorce años de prisión y multa de mil a dos mil quinientas Unidades de Medida y Actualización.
Asimismo, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y multa de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización, a quien por cualquier medio utilizado se apodere de uno o varios instrumentos u objetos, que constituyan parte de la mercancía o carga del transporte ferroviario, público o privado, sin consentimiento de quien legalmente puede disponer de los mismos.
La iniciativa que pretende reformar las fracciones VI y VII del artículo 374 del Código Penal del Estado de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y dictaminación procedente.
SE PRESENTAN INICIATIVAS EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA, GOBERNACIÓN, CULTURA, GRUPOS VULNERABLES Y EDUCACIÓN
Por otra parte, el diputado Eduardo Alcántara Montiel presentó una iniciativa para adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Puebla, con el objetivo de establecer las reglas bajo las cuales debe darse el cabildeo, para una mejor transparencia y rendición de cuentas, equidad en la participación, fortalecimiento de la democracia y la influencia en la formulación de políticas públicas.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y resolución correspondiente.
Asimismo, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para reformar la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla, con el objetivo de actualizar el nombre de la Secretaría de Educación y, de este modo, se contribuya a disipar las dudas que pudieran generarse al respecto.
La propuesta legislativa, que propone reformar la fracción III del artículo 44 de la Ley sobre Protección y Conservación de Poblaciones Típicas y Bellezas Naturales del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Cultura para su análisis y dictaminación procedente.
En más del orden del día, la Comisión Permanente dio cuenta de la iniciativa de la diputada Eliana Angélica Cervantes González por la que se pretende reformar y adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de aumentar las penas a quienes dañen, alteren, destruyan o modifiquen alguna señalización, aparato, tecnología, instalación o mobiliario de infraestructura vial destinada a la prestación del servicio del sistema de transporte público masivo.
Para este fin se propone reformar el artículo 187, el primer párrafo del 188 y el primer párrafo del 189; y adicionar la fracción IV al artículo 188 y la IV al 189 del Código Penal del Estado de Puebla.
La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y dictaminación correspondiente.
De igual manera, se dio cuenta de la iniciativa del diputado Jorge Estefan Chidiac para reformar los artículos 3 inciso b) y 4 inciso a) de la Ley de Resocialización de los Infractores Normativos, con la finalidad de que las medidas y sanciones alternativas que establece la ley no sean aplicadas para los responsables de feminicidio.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y resolución procedente.