El inicio del 2022 y que está por terminar, duele, indigna y nos debería avergonzar como sociedad. El saldo que lamentamos en materia de violencia contra mujeres y niños es sencillamente inaceptable.
La autoridad quisiera que solo nos acongojemos y nos resignemos, sin hacer ruido, sin protestar, sin reclamar, sin cuestionar.
Primero, la pequeña María Isabel, con apenas 10 años de edad fue asesinada, violada y su cuerpo abandonado en una barranca de Zoquitlán; de las investigaciones, poco se sabe.
Pero antes, el 3 de enero, la joven Liliana Lozano, madre de 2 pequeños, salió a trabajar y nunca regresó; después de 20 días, su cuerpo fue encontrado sin vida.
¿Cómo nos enteramos de todo? No fue por la autoridad, sino por la movilización de familiares y amigos quienes inundaron las redes sociales para que su caso no quedara en la numeralia de tantas y tantas personas desaparecidas.
¿Dónde están los responsables de estos feminicidios? No lo sabemos aún.
Y finalmente, el caso del bebé Tadeo encontrado en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel, parece una historia de terror que pone al descubierto los enormes problemas de corrupción en todas las áreas de nuestro Sistema Penal.
Pero más vergonzoso resulta que el Estado, sabiéndose rebasado, se esfuerce por acallar y criticar a los colectivos, organizaciones y periodistas que denuncian, levantan la voz y exigen justicia, en lugar de crear condiciones de seguridad y gobernabilidad que eviten que estas cosas sigan sucediendo.
Y también lamentable es que los partidos políticos (incluido el mío) hayan enmudecido para no molestar a “ya saben quién”. El mutis que han mantenido revela sus verdaderos intereses, porque si se tratara de hablar de recursos económicos (como el caso del DAP), ahí sí salen todos a posicionarse y a rasgarse las vestiduras.
El asunto es que aquí hablamos de la vida de mujeres y niños, de la corrupción, la impunidad y de eso no hay quien diga algo. No es políticamente redituable para estos grupos partidistas.