En principio, el preámbulo del Convenio No 168 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) -organismo especializado de la ONU- establece: “… la importancia del trabajo y del empleo productivo en toda la sociedad, en razón no sólo de los recursos que crean para la comunidad, sino también de los ingresos que proporcionan a los trabajadores, del papel social que les confieren y del sentimiento de satisfacción personal que les infunden”.
Por ello, todas y todos los trabajadores y servidores del Poder Judicial del Estado de Puebla, deben ver garantizado un salario que permita una vida digna para ellos mismos y sus familias; lamentablemente esto no es así, no obstante el Estado, así como el Consejo de la Judicatura, a través de su Presidente, ESTÁN OBLIGADOS a garantizar salarios justos, igual salario por igual trabajo e igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
El Poder Judicial debe recordar que el acceso a un salario digno se encuentra vinculado a la equidad e igualdad y proporciona condiciones de existencia dignas a sus trabajadores y sus familias; asimismo, debe ser determinado en función de factores externos, como el costo de la vida y otras condiciones económicas y sociales imperantes.
Pareciera ser que el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Puebla, cree que el costo de la vida no ha cambiado para su personal y para el del Tribunal Superior de Justicia, y que todos ellos viven en una burbuja de tiempo donde los efectos de la economía global no surte efectos y que pueden seguir viviendo con un salario de hace diez años y que los precios de los productos y servicios se mantienen y que pueden acceder por siempre y para siempre a los mismos.
De ahí que sea ficción e increíble que durante casi más de década y media, el salario de todo el personal judicial no haya gozado del aumento que por ley debe tener, en flagrante violación a los derechos humanos y laborales; y más aún, que la respuesta y solución aparente a esto, sólo sea una compensación que ni es directamente proporcional a lo que por ley debería corresponder ni atiende a los porcentajes reales de aumento que durante todos estos años el salario de los demás ha gozado.
¿Se va crear un sistema ilusorio e irrisorio de “compensación” para los años venideros en vez de un sistema correcto de salario digno, junto con un incremento, mínimo anual, salarial y de prestaciones?
La remuneración laboral debe ser suficiente para permitir a cualquier trabajador y a su familia gozar de otros derechos, como la seguridad social, la atención de salud, la educación y un nivel de vida adecuado, que le permita acceder a alimentos, agua, saneamiento, vivienda y vestido y cubrir gastos adicionales, como los costos de transporte; es decir, para vivir una vida digna dada su condición humana.
Al parecer, entonces, dados los acontecimientos actuales, las y los trabajadores y servidores judiciales, no son tratados como personas humanas ni se les dignifica su condición, y el Presidente del Consejo de la Judicatura, continúa perpetuando dicho trato y la problemática salarial de la que siempre ha sufrido la fuerza laboral judicial.
Es de inmensa incredulidad que hasta el día jueves pasado, el único punto de convergencia y solución haya sido que ningún trabajador debe ganar menos del salario mínimo; consecuentemente se reconoce que antes de ese día, existían trabajadores con un salario inhumano e indigno y que a la fecha no se había hecho nada para solucionarlo no obstante el actual Presidente de la Judicatura tenía conocimiento de ello y si no, qué falta de atención a los derechos humanos de su parte al recibir la titularidad del Consejo de la Judicatura de un Poder del Estado.
Todas y todos, incluido tanto los señores y señoras Consejeras, como los señores y señoras Magistradas, debemos saber que el salario digno está directamente relacionado con el derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la base para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad.
Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado.
Lamentablemente y al parecer se nos ha olvidado; sin embargo, no obstante se hayan cerrado las puertas para que los justiciables y el foro jurídico poblano no conociera los acontecimientos del paro pacífico y legal, la problemática es real y se ha visibilizado y viralizado en la sociedad poblana: ¡NO HAY JUSTICIA EN LA CASA DE JUSTICIA!
Para el resto de la sociedad, en especial para los Organismos de la Sociedad Civil, es claro el mensaje del Presidente del Consejo de la Judicatura al evitar la recuperación de la condición humana de gozar de un trabajo y salario decente para toda la planta existente en el Poder Judicial del Estado de Puebla.
¿Cómo podemos confiar en nuestras instituciones de administración e impartición de justicia si, el Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado u otro titular de ese órgano público, no promueven, ni respetan, ni protegen, ni garantizan los derechos humanos ni laborales de todo su personal?
¿Cómo pueden levantarse todas las mañanas y soportarse ver al espejo, acudir a sus oficinas administrativas y jurisdiccionales a administrar e impartir una supuesta justicia y protección judicial, cuando no pueden ni hacer lo mínimo por los derechos humanos de su personal?
Los titulares de los órganos del Tribunal Superior de Justicia -Salas y Juzgados-, como los del Consejo de la Judicatura, en especial su Presidenta y Presidente -respectivamente-, deben ser líderes, no jefes de su equipo judicial; y ante ello, deben buscar la forma de dignificar no sólo su trabajo si no sus vidas y condición humana.
¿Cómo pretenden lograr una paz y justicia social si entre ellos mismos violentan los derechos humanos de sus trabajadores? ¿Qué podemos esperar la sociedad, los justiciables ante tal discurso laboral?; fácil, tampoco nos serán respetados nuestros derechos humanos en los procedimientos judiciales.
El trabajo y sus derechos no son una mercancía que puedan convenirse ni compensarse; el Poder Judicial del Estado de Puebla sí o sí debe realizar un ejercicio constitucional y convencional, a fin de reconocer y aplicar las normas internacionales del trabajo, y garantizar que esta reestructuración salarial se centre en mejorar el bienestar de todas y todos sus trabajadores.
Las promesas de renovación y dignificación laboral y salarial no se han cumplido, por lo menos no para la gran mayoría de los trabajadores del Poder Judicial del Estado de Puebla; magistrados(as) y jueces(zas) no son los únicos servidores judiciales. El resto de los trabajadores de todas las áreas -conocido como “tropa”- también debe tener un salario digno, junto con un reconocimiento e incremento salarial y de prestaciones -mínimo anual; y entre ellas las de seguridad social-.
A más, este pasado 28 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo; nos queda claro que para el Poder Judicial del Estado de Puebla -en flagrante violación-, considera que este tema no es esencial para el trabajador ni para la justicia social; la mayoría de las y los trabajadores y servidores judiciales no gozan de este derecho humano ni tienen acceso a un entorno laboral seguro y saludable ni a los servicios de salud física y mental, no obstante que estos son derechos fundamentales en el trabajo.
Y no solo eso, es bien sabido sobre las condiciones inhumanas; al caso, horarios extendidos de hasta más de 8, 10 y 12 horas sin remuneración o un salario directamente proporcional por dicho trabajo -en especial las condiciones laborales e inhumanas del Juzgado de Oralidad Familiar del distrito judicial de Puebla-.
¿Cómo reaccionaría la SCJN, la CONATRIB, la CNDH, la CIDH, la ONU o la OIT sobre el “fenómeno del trabajador pobre” que se materializa en el seno del Poder Judicial del Estado de Puebla o sobre las irregularidades y violación a los derechos laborales?
O, en su caso, de los actos administrativos e ilegales contra el personal judicial, mismo que es alarmante para la sociedad; en efecto, no es de desconocimiento las herramientas para infringir miedo e intimidación, no sólo siendo más visible en la actual Presidencia del Consejo de la Judicatura.
O es más, el reciente comunicado a todas y todos los titulares de las áreas del Poder Judicial del Estado de Puebla, de levantar actas administrativas a todo aquel o aquella, que en cabal uso de su derecho de manifestación pacífica se uniera a las actividades recientes de lo que conocimos como paro judicial de brazos caídos.
Una vez más, no sólo se violentan derechos humanos laborales, sino por su interseccionalidad, la de otros; ¿el Presidente o su equipo, qué no tiene conocimiento en derechos humanos? ¿Qué no se les ocurrió crear acciones positivas o ajustes para privilegiar el derecho de inconformidad y manifestación pacífica y a la vez no desatender la administración e impartición de justicia? ¿Qué titular habrá sido capaz de hacer válida una determinación ilegal, inconstitucional, inconvencional y violatoria de derechos humanos?
Obvio, sería tonto e ignorante no reconocer la valentía de los Magistrados, Magistradas, Jueces y Juezas y demás titulares que sí han permitido y privilegiado los derechos humanos de su equipo judicial, permitiendo la participación activa y la defensa de sus derechos, creando formas y métodos para no desatender al justiciable, litigantes y abogados patronos, en sus trámites y audiencias.
Desde este posicionamiento, se invita al Poder Judicial del Estado de Puebla, detenga dichas acciones consideradas de violencia y acoso contra las y los trabajadores por hacer valer sus derechos humanos.
Se les debe permitir a todas y todos los trabajadores y servidores judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, la lucha y respuesta de condiciones de trabajo dignas, equitativas y seguras, y que a través de la negociación colectiva se les respeten sus DERECHOS HUMANOS LABORALES, pues es la única forma de lograr salarios y prestaciones dignas, y así mejorar su nivel de vida; la consigna es clara: #TodosSomosElPoderJudicial.
Es hora de dar prioridad a la justicia social y laboral. Construyamos un futuro laboral más justo para todas y todos los trabajadores y servidores judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla, a través de políticas inclusivas y más justas.
Claro, el trabajo no es sencillo, es preciso diseñar mecanismos y recursos efectivos no sólo para hacer exigible y justiciable el derecho a un salario remunerador, digno y suficiente, sino también para el incremento al salario judicial y prestaciones, y la capacidad de garantizar las condiciones básicas de subsistencia de las personas trabajadoras.
Al repensar el modelo salarial judicial imperante, con base en una intervención decidida y conjunta del Estado y el Poder Judicial del Estado de Puebla para abatir las desigualdades y redistribuir la riqueza entre todas y todos los trabajadores y servidores judiciales, se conseguirá no sólo el respeto al marco internacional de protección de los derechos humanos de las personas trabajadoras, sino que además estaremos en condiciones de presenciar políticas más humanas, centradas en las necesidades de la población y con miras a generar en nuestro estado y país un progreso no sólo económico sino social.
Por lo tanto, a manera de resumen:
LOS DERECHOS LABORALES SON HUMANOS, POR LO TANTO NO SON TRANSIGIBLES, SÍ O SÍ LAS Y LOS TRABAJADORES Y SERVIDORES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA DEBEN:
1. Tener condiciones dignas y equitativas de trabajo.
2. Un salario digno, junto con un incremento salarial y de prestaciones -mínimo anual-.
3. Gozar de seguridad social y/o prestaciones de salud.
4. Condiciones de trabajo seguras y libres de violencia y acoso.
5. Libertad de coacción o falta administrativa por la defensa y promoción de sus derechos laborales.
6. Participar en la creación de políticas públicas para mejorar el modelo salarial.