El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ, el Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática y la Clínica Jurídica Minerva Calderón, expresamos nuestro respaldo a la labor que la representación en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) ha realizado desde su establecimiento en nuestro país en 2002, para buscar la protección de los derechos humanos y contribuir con los esfuerzos nacionales dirigidos a asegurar la garantía plena de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México.
En el cumplimento de su mandato, la ONU-DH México ha sido puntual en señalar la crisis de violencia e impunidad en el país, siempre guiada por un criterio técnico y con un alto grado de responsabilidad, sin incurrir en sesgos por razones ideológicas o de animadversión hacia algún gobierno. Reconocemos el apoyo que ha brindado a procesos emblemáticos de justicia como el de las familias de los estudiantes de Ayotzinapa, las madres buscadoras, o personas torturadas y encarceladas injustamente en México, por citar algunos ejemplos.
La grave crisis de derechos humanos y de violaciones graves en nuestro país de que ha dado cuenta ONU-DH México ha sido documentada también por diversas organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de México, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, incluso por áreas del Estado mexicano como la Subsecretaría de Derechos Humanos que han reconocido la situación de impunidad y la crisis de desaparición de personas.
Por todo lo anterior, lamentamos profundamente las descalicaciones expresadas recientemente hacia la ONU-DH México y su representante saliente, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, al tiempo que reconocemos el compromiso y profesionalismo del equipo de esta oficina.
En el actual contexto, negar la crisis de derechos humanos no contribuye al cumplimiento de las obligaciones estatales para revertir el escenario de violencia e impunidad. Llamamos a la CNDH a dar testimonio de una actitud corresponsable frente a la problemática en cuestión y recuperar, así, la institucionalidad del organismo con una actitud de independencia frente a los poderes públicos, poniendo al centro la protección y defensa de los derechos humanos.