En el marco de la conmemoración del día del niño y la niña, que se celebró el pasado 30 de abril, debemos reconocer que existen muchos retos pendientes para atender a este sector tan vulnerable de la sociedad.
Y aunque hemos aprobado diversos proyectos legislativos para la defensa de sus derechos, aún imperan brechas que impiden su pleno desarrollo.
Uno de los grandes desafíos, es que las niñas, niños y adolescentes del país tengan acceso garantizado a una pensión digna por parte de sus progenitores en caso de separación.
Desafortunadamente existen un sinfín de infantes que no tienen acceso a lo básico como alimentación, educación y servicios de salud, debido a la irresponsabilidad de padres que los dejan en el abandono y que no cumplen con sus obligaciones de manutención.
Resulta lamentable que 35 millones de padres ausentes ejerzan violencia económica y afectiva contra sus exparejas y sus infantes, sin ninguna consecuencia que lamentar.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística (INEGI), en México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria y el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones de sus exparejas.
Aunque aplaudo la aprobación de la «Ley Sabina» en la Cámara de Diputados y el Senado de la República para la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, la cual será un padrón que permitirá difundir información respecto a quienes mantienen la calidad de deudores alimentarios morosos, debo decir que todavía tenemos muchos pendientes y retos por delante.
Sobre el proyecto aprobado recientemente en el Senado debo decir que no estoy de acuerdo en que este instrumento quede adscrito al DIF Nacional, ya que en los gobiernos estatales dicha institución se ha declarado «incompetente» para su elaboración y operación.
Por ello, sugiero que después de la publicación de esta nueva reforma, sea la Secretaría de Gobernación (Segob) quien sea la responsable de concretarlo al contar con la infraestructura necesaria para brindarle fiabilidad.
Tampoco coincido que en este padrón se inscriban a las personas que hayan dejado de cumplir con sus obligaciones alimentarias por tres meses de manera consecutiva o por cinco meses de forma alternada, ya que deben exhibirse a partir de los 30 días como quedó establecido por el Congreso de Oaxaca.
Esperar tres meses para que un deudor alimentario pague es demasiado y pone en riesgo la estabilidad de nuestros infantes.
Tenemos la imperante responsabilidad de crear un andamiaje jurídico que exhiba a los padres irresponsables y a los jueces que pactan con los agresores.
El negar la pensión alimentaria es un problema social y una violencia normalizada que vulnera a millones de mujeres y a sus hijas e hijos.
Debemos garantizar todas las políticas públicas que protejan y garanticen el pleno desarrollo de las infancias.
Como ven los desafíos son muchos y debemos sumar esfuerzos entre todos los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, para garantizar que nuestra niñez tenga acceso pleno a la educación; acercamiento cotidiano a la salud y seguridad social; para asegurar que las niñas y niños vivan en espacios que tengan calidad suficiente; que tengan acceso a los servicios de vivienda, y que fortalezca su incorporación al sistema educativo.