Por Alma Méndez
La Confederación Patronal de México (Coparmex) capítulo Puebla lamentó que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no pueda sesionar debido a la falta de voluntad del Senado de la República para designar a tres comisionados, pues sin ellos, deja a la ciudadanía vulnerable ya que no hay quien garantice el derecho a la información y a la protección de datos personales como derechos fundamentales.
Esto después de que este martes, Loretta Ortiz, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), negó al INAI la posibilidad de que su pleno sesione con sólo cuatro comisionados mientras se define la controversia constitucional que promovió el organismo ante la máxima autoridad judicial de México, esto por la falta de nombramientos a cargo del Senado de la República que debió de dejar al organismo con, al menos, cinco comisionados.
Durante la rueda de prensa el presidente Rubén Furlong Martínez, reconoció al INAI como el instrumento idóneo para cumplir con una función constitucional como es la protección y resguardo de datos personales, ya que garantiza que cualquier autoridad y empresa o persona que ejerza recursos públicos, transparente la información ante la ciudadanía.
El Centro Empresarial lamentó la inoperancia sustantiva del INAI debido a la falta de voluntad y responsabilidad del Senado de la República para concluir los procesos de selección de personas comisionadas. Por ello, exhortó a los Senadores para realizar ya la designación de los tres comisionados de manera pronta y transparente debido a que, con los cuatro comisionados actuales el INAI no puede operar y deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad, pues no hay quien garantice el acceso a la información y la protección de datos personales como derechos fundamentales.
Finalmente, resaltó que preocupa a los mexicanos la actitud del Gobierno Federal hacia los órganos constitucionales autónomos, como el INE o el INAI, para debilitar su independencia pone en riesgo las condiciones democráticas de nuestro país, la participación, el Estado de Derecho, la certeza jurídica y la protección de los derechos de los ciudadanos.