Las funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales no pueden ser absorbidas por otra instancia, pues ninguna cuenta con facultades sobre los tres Poderes de la Unión para garantizar a la población el pleno ejercicio de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, afirmó la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
“No hay democracia que pueda funcionar solo con ideales, por lo que no es posible construir resultados públicos sin instituciones, son éstas el brazo ejecutor de la voluntad popular, las que permiten transitar de las ideas a los resultados”, enfatizó Ibarra Cadena, al participar en la Presentación de la Plataforma de Aprendizaje del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
La Comisionada Presidenta del INAI recordó que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha señalado que la independencia es una de las características que deben tener los organismos garantes del acceso a la información.
“El INAI se encuentra actualmente en una etapa muy desafiante en la que no puede desplegar a cabalidad su función de defensa de los derechos humanos por la falta de tres integrantes del Pleno, lo cual nos impide sesionar válidamente, esto también impide que defendamos a las personas ante la negativa infundada del acceso a la información y ante el tratamiento indebido de los datos personales. En esta situación no podemos resolver las quejas de la ciudadanía”, indicó.
Expuso que el INAI, como organismo autónomo, tiene competencia sobre los tres Poderes de la Unión y los otros organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos, fondos y fideicomisos públicos y, además, funge como segunda instancia respecto a las entidades federativas, por lo que ninguna dependencia podría tener esa competencia, sin afectar el principio de división de poderes y el federalismo.
“Aprovecho este foro para, respetuosamente, hacer un llamado al Senado de la República a efecto de que concluya el proceso de designación de Comisionadas y Comisionados para reestablecer la garantía efectiva de los derechos humanos que materializa el INAI”, enfatizó Ibarra Cadena.
Señaló que México debe tener instituciones sólidas que combatan la corrupción, atiendan las necesidades ciudadanas y permitan alcanzar ideales democráticos y, para lograrlo, resulta indispensable mantener el respeto a la autonomía de las instituciones que por muchas décadas lograron conquistas ciudadanas.
“No puedo dejar de externar mi preocupación ante la iniciativa de eliminar a la Secretaría Ejecutiva del SNA, porque ésta es la que materializa los acuerdos del Sistema Nacional Anticorrupción, al implementar políticas públicas en materia de control de corrupción, además de administrar la Plataforma Digital Nacional, entre muchas otras funciones técnicas”, expresó.
En su oportunidad, Jorge Alberto Alatorre Flores, presidente del Comité Coordinador del SNA, sostuvo que la eficacia en el combate a la corrupción se ve comprometida cuando se centraliza; por ello, es necesario que la sociedad aprenda que los logros institucionales de la democracia no se sostienen solos y se debe estar atento para defenderlos ante las nostalgias, retrocesos y añoranzas del control absoluto.
“Nada por respeto se debe callar, porque todo con respeto se puede decir. Por ello, desde aquí, anunciamos con el debido respeto, pero no con menos firmeza, que defenderemos por las vías de la razón, el consenso y derecho el avance del Sistema Nacional Anticorrupción y del modelo que representa un balance transversal, equidistante, profesional y nacional a través de su Secretaría Ejecutiva”, concluyó.
También participaron Lilia Mónica López Benítez, consejera del Consejo de la Judicatura Federal; Rafael Ruiz Mena, encargado de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública, y Magdalena Verónica Rodríguez Castillo, integrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA y representante de la Red Nacional de Comités de Participación Ciudadana.
Así como Lothar Rast, director del Clúster de Gobernanza de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ); Roberto Moreno Herrera, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, y Carlos Alberto Muñoz Ángeles, titular del Órgano Interno de Control del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.