Jorge Barrientos
El diputado local de Morena, Julio Miguel Huerta Gómez, presentó una iniciativa para expedir la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer un marco jurídico que permita prevenir, atender y proteger a las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por causas como la violencia, desastres naturales, conflictos territoriales o violaciones a los derechos humanos.
En la exposición de motivos, el legislador señala que el desplazamiento interno es un problema público contemporáneo que va más allá de un cambio de residencia, pues implica la pérdida de vivienda, patrimonio, fuentes de ingreso, acceso a servicios básicos y redes familiares y comunitarias, lo que coloca a las personas afectadas en condiciones de alta vulnerabilidad.
La iniciativa retoma los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los cuales establecen que las personas desplazadas son aquellas obligadas a abandonar su lugar de residencia sin cruzar una frontera internacional debido a conflictos armados, violencia generalizada, violaciones a los derechos humanos o desastres naturales.
El proyecto reconoce que el desplazamiento interno tiene un origen multicausal. Entre los principales factores identifica la violencia generada por grupos delictivos, conflictos agrarios y comunitarios, fenómenos naturales asociados al cambio climático, proyectos de infraestructura que afecten comunidades sin las debidas garantías y situaciones de persecución o discriminación.
Asimismo, advierte que las consecuencias del desplazamiento impactan diversos derechos fundamentales, como el acceso a una vivienda digna, al trabajo, la educación, la salud y la seguridad alimentaria, además de provocar la desintegración del tejido social y afectar de manera diferenciada a mujeres, niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y pueblos indígenas.
En ese sentido, Huerta Gómez plantea que la atención del desplazamiento interno no debe limitarse a acciones de asistencia humanitaria, sino que requiere una política integral basada en la prevención, la protección de las víctimas, la coordinación entre autoridades y la generación de soluciones duraderas que permitan a las personas reconstruir su proyecto de vida.
El diputado argumenta que la propuesta encuentra sustento en la reforma constitucional de derechos humanos de 2011, la cual obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como prevenir y reparar sus violaciones.
También señala que, aunque México aún no cuenta con una Ley General sobre desplazamiento interno, existen estándares internacionales y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que reconocen la necesidad de contar con legislación específica para atender este fenómeno.
La iniciativa propone que Puebla cuente con un marco legal que establezca competencias para las autoridades estatales y municipales, mecanismos de coordinación interinstitucional, sistemas de prevención y atención, así como medidas para garantizar la protección de las personas desplazadas y facilitar su retorno voluntario, integración local o reasentamiento en condiciones de seguridad y dignidad.
Con ello, el legislador busca que el estado cuente con herramientas jurídicas e institucionales para atender un fenómeno que, de acuerdo con organismos internacionales, representa uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos y gobernanza en la actualidad.