Jorge Barrientos
Tras la detención de mandos de Seguridad Pública en algunos municipios de Puebla, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que nadie está por encima de la ley y respaldó las acciones de las autoridades competentes.
El legislador señaló que permanecerá atento al desarrollo de las investigaciones, especialmente porque los hechos ocurrieron en la región de la Mixteca, de donde es originario, y reiteró su respaldo a las acciones encaminadas a garantizar la seguridad de la población.
Asimismo, respaldó el posicionamiento del gobernador Alejandro Armenta, quien ha señalado que “nadie, pero nadie, está por encima de la ley”, incluyendo alcaldes, directores, diputados, secretarios y cualquier servidor público.
“Me sumo al llamado del gobernador a que debemos comportarnos con rectitud, honestidad y siempre al servicio de las y los poblanos. La ley se debe cumplir”, expresó.
Gaspar Ramírez agregó que, si existen aspectos que deban mejorarse en materia de seguridad, estos pueden revisarse, ya que “todo es perfectible”, siempre y cuando se priorice la protección de la ciudadanía.
“Si hubiera algo que mejorar, siempre he dicho que todo es perfectible. Lo vamos a hacer con mucho gusto, escuchando todas las voces, pero siempre cuidando la seguridad de las y los poblanos, que es lo más importante”, indicó.
Las declaraciones fueron emitidas luego de que se confirmara la detención de 13 mandos de Seguridad Pública en la región de la Mixteca, quienes son investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada. Sobre este caso, el presidente del Congreso reiteró que las investigaciones deben desarrollarse conforme a derecho y que será la autoridad competente la que determine las responsabilidades correspondientes.
Antecedente
En días recientes, autoridades estatales y federales llevaron a cabo un operativo en el que fueron detenidos 13 mandos de Seguridad Pública de distintos municipios de la Mixteca poblana, quienes son investigados por su presunta relación con grupos del crimen organizado. Las investigaciones continúan y será la autoridad ministerial la encargada de definir su situación jurídica.