Jorge Barrientos
El presidente del Congreso del Estado de Puebla, Pavel Gaspar Ramírez, aseguró que el reconocimiento legal de las infancias trans en la entidad no implica la creación de una nueva ley ni la aprobación de nuevos derechos, sino el cumplimiento de una sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El legislador explicó que actualmente el Congreso local analiza una serie de reformas al Código Civil del Estado para armonizar la legislación poblana con la resolución del máximo tribunal del país, que declaró inconstitucional la restricción que impedía a las personas menores de 18 años acceder al reconocimiento de su identidad de género.
Gaspar Ramírez recordó que desde 2021 el marco jurídico de Puebla ya contempla el reconocimiento de la identidad de género para las personas mayores de edad. Sin embargo, la resolución de la Suprema Corte obliga al Poder Legislativo a revisar y adecuar la normatividad vigente para garantizar este derecho sin discriminación por razón de edad.
“Lo que estamos haciendo es analizar la forma en que se dará cumplimiento al mandato constitucional emitido por la Suprema Corte, construyendo un procedimiento que brinde certeza jurídica y garantice la protección integral de los derechos de las personas”, señaló.
El presidente del Congreso enfatizó que el trabajo legislativo debe entenderse como un proceso de armonización legal y no como la creación de un nuevo derecho, ya que la determinación de la SCJN es de carácter obligatorio para las autoridades estatales.
Asimismo, indicó que las y los diputados deberán analizar las reformas correspondientes bajo los principios constitucionales y de protección de los derechos humanos, a fin de establecer un mecanismo jurídico que permita al Estado de Puebla acatar la resolución judicial.
El tema ha generado debate entre diversos sectores de la sociedad; sin embargo, el Congreso local sostiene que su responsabilidad es garantizar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y de las resoluciones emitidas por el máximo órgano de justicia del país.