Por José Alfredo Ramírez Orduña
Cuando las luces se apaguen y la efervescencia de la Copa del Mundo se disipe, la normalidad habrá vuelto acompañada de una importante factura que los anfitriones deben asumir. Esta cuenta marcará el flujo comercial y la competitividad de las industrias en América del Norte, así como la estabilidad jurídica y social hasta el año 2042 y se concentra en las rondas de negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Se sabe que el Presidente de los Estados Unidos de América es también líder de uno los emporios inmobiliarios más influyentes del continente. Donald Trump ha sabido trasladar su agresiva estrategia de negociación comercial al ámbito de las políticas públicas e internacionales. Su equipo de trabajo se desenvuelve bajo la misma directriz, cerrando filas en torno a sus abruptas declaraciones. Aunque suele tensar la cuerda más de lo conveniente, su eficacia demostrada en los últimos meses lo perfila para avanzar con paso firme en el camino rumbo hacia las elecciones intermedias.
Atendiendo a los intereses particulares de cada país, subsiste un estancamiento trilateral sobre los acuerdos de aranceles, los impuestos que se aplican a la importación y la exportación y, en este caso, respecto al acero, aluminio y autos, los cuales el Presidente Trump ejerce como palanca de presión, similar a cómo en sus negocios utilizaba litigios o cláusulas contractuales para renegociar términos. A su consideración, cada acuerdo debe mostrar un beneficio tangible y rápido para EE. UU., lo que explica su insistencia en revisar reglas de origen y aranceles.
En este aspecto, podemos entender que el origen es el vínculo jurídico de una mercancía o bien final con el territorio en el que es producido. En pocas palabras, se entiende como “la nacionalidad de las mercancías”. Las reglas de origen fueron el eje central en la segunda ronda de negociaciones debido al aumento del porcentaje que se pide en los materiales para ser considerados originarios de los países parte del Tratado. El alto costo de los insumos, sobre todo en el sector automotriz, ha causado que se empleen cadenas de suministro asiáticas y europeas, generando tensiones para la certificación de vehículos. Su renegociación es, por tanto, un problema de equilibrio entre proteccionismo nacional y apertura regional.
Para México es vital mantener vigente el T-MEC. Más del 80% de sus exportaciones se dirigen a EE. UU. y Canadá. Sin el Tratado, muchos productos enfrentarían aranceles que reducirían su competitividad, afectando directamente a sectores como el agroalimentario, automotriz y electrónico. La continuidad del Acuerdo Internacional asegura la dinámica laboral en estados como Puebla, Nuevo León, Guanajuato y Baja California, donde se concentran industrias exportadoras. Mantener el T-MEC permite ofrecer una garantía de seguridad jurídica ante la llegada de capitales, especialmente en manufactura avanzada y nearshoring. Es decisivo mantener como prioridad el establecimiento de acuerdos para evitar entrar a un ciclo de revisiones periódicos que debilitarían la certeza comercial en el país.
Ante ello, el próximo 1° de julio las tres naciones sostendrán una nueva reunión virtual para definir el alcance del Acuerdo Internacional, preparando con detalle los capítulos que se discutirán en la tercera ronda de negociaciones prevista para el 20 de julio en la capital del país. Sin el Tratado, México se enfrentaría a un escenario de incertidumbre, pérdida de inversión y vulnerabilidad frente a presiones externas. En ese sentido, todo indica que el verdadero partido decisivo no se disputará en la cancha ante Ecuador, sino en las mesas de negociación. Para obtener la victoria, es necesario exista un auténtico interés respecto a la integración económica de los mexicanos y no sólo al unísono grito de gol.
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