Jorge Barrientos
El Congreso del Estado recibió una tercera iniciativa para tipificar el delito de acecho en Puebla. En esta ocasión, la propuesta fue presentada por la diputada Guadalupe Yamak Taja, quien plantea las sanciones más severas de las iniciativas ingresadas hasta el momento, con penas que podrían alcanzar hasta 10 años de prisión en los casos con agravantes.
La legisladora propuso reformar el Código Penal del Estado mediante la incorporación del artículo 278 Decies, con el propósito de atender el vacío legal existente en torno a esta conducta. Explicó que, aunque actualmente la legislación contempla figuras como el ciberacoso, no existe una definición específica del delito de acecho ni sanciones claramente establecidas.
De acuerdo con la iniciativa, el acecho comprende acciones reiteradas de vigilancia, seguimiento, persecución, observación, monitoreo o contacto insistente hacia una persona sin su consentimiento, ya sea por medios físicos o digitales, siempre que dichas conductas alteren su vida cotidiana y generen temor por su integridad física o psicológica.
En la exposición de motivos, la diputada señala que este tipo de violencia afecta principalmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes, por lo que consideró indispensable contar con un marco legal que permita investigar y sancionar estas conductas.
«El acecho es una forma de hostigamiento que ha afectado de manera grave a varios grupos sociales, principalmente a las mujeres. Estas agresiones, debido a leyes inadecuadas y anacrónicas, en la mayoría de las ocasiones se han realizado en completa impunidad», establece el documento presentado ante el Poder Legislativo.
La propuesta contempla penas de dos a cinco años de prisión para quien incurra en el delito de acecho. No obstante, la sanción aumentaría hasta en una mitad cuando la víctima sea menor de edad, persona adulta mayor o integrante de un grupo en situación de vulnerabilidad; también cuando exista o haya existido una relación afectiva entre víctima y agresor, o cuando el responsable sea un servidor público. Con estas agravantes, la pena máxima podría alcanzar los 10 años de cárcel.
Esta es la tercera iniciativa presentada en el Congreso local para tipificar el delito de acecho.
Previamente, la diputada Susana Riestra propuso sanciones de hasta ocho años de prisión, mientras que la legisladora Celia Bonaga planteó penas máximas de seis años. Las tres iniciativas serán analizadas por las comisiones correspondientes para determinar la viabilidad de una reforma al Código Penal del Estado.