Delia Soriano
A un año de que una autoridad judicial otorgó la guarda y custodia del menor A.G.G. a su madre, Susan Gómez Hernández, organizaciones feministas y defensoras de los derechos de las infancias denunciaron que la resolución continúa sin cumplirse, situación que calificaron como un grave caso de violencia vicaria y una muestra de las fallas institucionales para garantizar el acceso efectivo a la justicia.
Las colectivas señalaron que, pese a que el Juzgado Tercero Familiar de Puebla resolvió el 20 de junio de 2025 entregar la guarda y custodia del niño a Susan Gómez Hernández, el menor no ha sido restituido, por lo que la madre suma un año sin convivir con su hijo y sin tener certeza sobre su ubicación y condiciones de vida.
Las organizaciones advirtieron que la falta de ejecución material de una resolución judicial genera cuestionamientos sobre la capacidad de las instituciones para proteger a las víctimas y garantizar el cumplimiento de las determinaciones emitidas por los tribunales, especialmente cuando se trata de mujeres e infancias en contextos de violencia familiar.
De acuerdo con el pronunciamiento, el padre del menor, Martín “N”, enfrenta actualmente una causa penal por el delito de sustracción de menores dentro del expediente 1132/2026/Puebla. La audiencia en la que se determinará si es vinculado a proceso se encuentra programada para este 21 de junio.
Las agrupaciones recordaron que el imputado también enfrenta un proceso por violencia familiar en agravio de Susan Gómez Hernández y que, según expusieron, habría perdido la patria potestad del menor, circunstancias que consideran agravan la preocupación sobre la permanencia del niño fuera del alcance de la resolución judicial vigente.
Asimismo, criticaron que, mientras la madre continúa sin recuperar a su hijo, las instituciones no hayan logrado concretar la restitución ordenada por los tribunales, situación que consideran evidencia de omisiones que terminan favoreciendo la prolongación del daño hacia las víctimas.
Las colectivas también manifestaron inquietud por las presiones ejercidas contra el Poder Judicial luego de que familiares y simpatizantes de Martín “N” realizaron una protesta en las inmediaciones de la Casa de Justicia de Puebla para cuestionar el actuar de las autoridades encargadas del caso.
Ante ello, hicieron un llamado directo al juez de Control Joel Daniel Baltazar Ávalos para que las determinaciones que emita se mantengan libres de cualquier presión externa y se apeguen estrictamente a los principios de legalidad, perspectiva de género e interés superior de la niñez.
“Después de un año de separación forzada, la sociedad espera respuestas concretas y no más dilaciones”, señalaron las organizaciones, al advertir que el caso se ha convertido en un referente de la lucha contra la violencia vicaria en Puebla.
Finalmente, exigieron la vinculación a proceso de Martín “N” por el delito de sustracción de menores, la localización inmediata de A.G.G., su restitución con su madre y la intervención efectiva de las autoridades para garantizar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que, hasta ahora, afirman, han permanecido sin ejecutarse plenamente.
