Vivimos días definitivos para la historia jurídica e institucional de nuestro país. La implementación de la reciente reforma judicial se nos presentó, desde el discurso oficial, como el bálsamo definitivo contra la corrupción y el elitismo de los tribunales. La promesa era magnánima: «devolverle el poder al pueblo» y horizontalizar un poder que históricamente se percibía lejano, frío y encastillado. Sin embargo, a la luz de los primeros efectos tangibles, la sociedad civil se encuentra atrapada en una interrogante incómoda pero obligatoria: ¿Realmente democratizamos la justicia o simplemente la politizamos?
La frontera entre la participación ciudadana y la partidización de las instituciones es peligrosamente delgada. Democratizar, en su sentido más puro, significa hacer que una estructura sea accesible, transparente y que responda al bien común sin distinciones. Politizar, por el contrario, implica someter el criterio técnico y la imparcialidad al vaivén de las mayorías, las urnas y las cuotas de poder.
Al día de hoy, si salimos a las calles a pulsar el termómetro ciudadano, la percepción de mayor justicia sigue siendo una asignatura pendiente. Para el ciudadano de a pie, la «justicia» no se mide en cómo se eligen los rostros en la cúpula, sino en la velocidad y honestidad con la que se resuelve un despojo de tierras, una pensión alimenticia o un despido injustificado. Existe un riesgo latente de que la población empiece a notar que el fondo del problema —la impunidad rampante, la falta de ministerios públicos eficientes y la saturación de los juzgados locales— quedó intacto, mientras que la forma fue radicalmente alterada para el beneficio del debate electoral.
La confianza es el combustible de cualquier sistema judicial. Si la gente sospecha que un juez o un magistrado emite un fallo pensando en la popularidad de su decisión, en asegurar su reelección o en no incomodar al partido que lo impulsó, la confianza se desploma. Un tribunal no debe ser un concurso de simpatías; debe ser el refugio de la ley frente a las pasiones políticas.
Mirar al exterior nos ofrece espejos incómodos pero necesarios. El ejemplo más nítido y cercano de una arquitectura similar es Bolivia, país que en 2009 implementó la elección popular de sus altos magistrados. El experimento boliviano es sumamente aleccionador: lejos de legitimar al Poder Judicial, los procesos electorales se caracterizaron por altos niveles de abstencionismo, votos nulos en señal de protesta y una profunda crisis de legitimidad. La percepción ciudadana no viró hacia una mayor confianza; al contrario, la sociedad civil percibió que los candidatos judiciales terminaban inevitablemente alineados al partido en el poder para poder figurar en las boletas. La justicia no se volvió más ciudadana, se volvió más dependiente del aparato político.
No podemos permitirnos caer en el desencanto. La reflexión que hoy nos compete como sociedad no es para añorar el pasado —que sin duda requería una cirugía profunda contra sus propios vicios de opulencia y nepotismo— sino para vigilar con lupa el presente. Si la reforma judicial termina convirtiendo los tribunales en apéndices de las fuerzas políticas, habremos cambiado unas cadenas por otras.
La verdadera democratización de la justicia comenzará el día en que un ciudadano, sin importar su condición económica o su afinidad partidista, entre a un juzgado con la certeza absoluta de que ahí manda la ley, y no la política. Mientras tanto, nos toca mantener la guardia alta y el juicio crítico. Si pudieras elegir entre un juez que sea sumamente popular y cercano a las causas de la mayoría, o un juez que sea completamente impopular pero rígidamente técnico y apegado a la ley, ¿en manos de cuál de los dos pondrías tu libertad o el patrimonio de tu familia en un juicio?
