Por José Alfredo Ramírez Orduña
No hay plazo que no se cumpla. El próximo 30 de junio es la fecha límite en la que los usuarios de telefonía móvil tenemos para asociar líneas telefónicas a un titular que responda por ellas, bajo el apercibimiento de suspender el servicio de comunicación tal como lo conocemos.
Es un tema que, como muchos de los que tratamos últimamente, divide opiniones en la población ante los contundentes argumentos que presentan ambas posturas. Por una parte, el incremento de delitos digitales y extorsiones en la última década generó en la administración pública presión social y política para el empleo de medidas que atiendan estas problemáticas. La regularización busca consolidar un ecosistema de servicios móviles que brinde certidumbre a los usuarios y, al mismo tiempo, garantice su privacidad. Por el otro lado, a creciente exposición de datos personales sustraídos de bases gubernamentales ha evidenciado vulnerabilidades técnicas y filtraciones, generando la percepción de un control estatal excesivo y sin garantías confiables.
¿Por qué ahora y no antes, o incluso posponerlo de nueva cuenta?
El año 2026 coincide con la consolidación de la Agenda Digital Nacional, cuyo objetivo es cerrar brechas de seguridad y confianza en telecomunicaciones. El control gubernamental mediante la digitalización de información y protocolos es una tendencia mundial que se ha afianzado en los últimos años. México busca alinearse con estándares internacionales justo en el momento en que América Latina avanza la automatización, evitando rezago. Empezando en Ecuador desde 2009, el registro obligatorio de líneas telefónicas ha transitado en países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia propiciando un impacto parcial en la reducción de fraudes y extorsiones: ha dificultado la adquisición anónima de chips prepago y mejorado la trazabilidad de llamadas, aunque no ha erradicado por completo estos delitos.
Los delincuentes han demostrado capacidad de adaptación, migrando hacia el uso de aplicaciones de mensajería cifrada y números internacionales, lo que mantiene vigente el problema. En México, la situación no parece distinta, independiente si se cuenta con el chip físico (SIM) que se puede remover y poner, o si se trata de una eSIM, integrada directamente dentro del hardware del teléfono.
Resulta indispensable aprender de los aciertos y los errores en la implementación de estas nuevas estrategias. Las personas que figuren como Titulares, empleando una identificación oficial y su Clave Única de Registro Poblacional, tienen la aptitud para registrar hasta 10 líneas telefónicas móviles, facilitando los canales de comunicación para quienes cuenten con negocios, así como el caso de las niñas, niños y adolescentes. El teléfono fijo está exceptuado de su registro. Asimismo, está permitido exceder el límite de líneas a quienes acrediten haber tenido más de diez líneas previo al 9 de diciembre de 2026, fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo mediante el cual la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones aprobó y emitió los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles.
El reto será garantizar que la medida no derive en un control excesivo ni en vulneraciones de datos personales, sino que se convierta en un instrumento de confianza institucional y de fortalecimiento de la cultura digital. Solo al 19 de abril, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones contabilizó poco más de 30 millones de líneas vinculadas a una identidad, implicando el 18.7% de los 161 millones de números en operación. Entre la falta de confianza y el desconocimiento, existe una resistencia que empieza a preocupar a las altas esferas de esta iniciativa.
El avance limitado del proceso plantea dudas sobre su viabilidad y abre cuestionamientos respecto al impacto que podría generar una eventual desconexión masiva en la conectividad nacional y en el desarrollo de las actividades digitales del país. Se trata de un asunto en el que parece aún no se ha pronunciado la última palabra.
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