Lupita Juárez
El caso del juez Enrique Romero Razo encendió nuevamente el debate sobre la actuación del Poder Judicial en Puebla. Luego de que se revelara que el juzgador modificó medidas cautelares para otorgar prisión domiciliaria a Manuel Forcelledo Nader, sentenciado a 76 años de cárcel por feminicidio, el gobernador Alejandro Armenta Mier pidió al Consejo de la Judicatura transparentar las investigaciones y procesos de depuración internos.
El mandatario estatal exhortó al presidente del órgano judicial, Pedro Antonio Martínez, a informar públicamente sobre el avance del procedimiento iniciado contra el juez, al señalar que todos los poderes públicos están obligados a actuar con estricto apego a la ley y rendir cuentas ante la ciudadanía.
“Los poderes públicos tenemos que cumplir la ley”, afirmó Armenta, quien sostuvo que ningún servidor público puede colocarse por encima de las normas.
Asimismo, recordó que en el Poder Ejecutivo existen instancias fiscalizadoras encargadas de investigar posibles irregularidades, como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Auditoría Superior del Estado y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por lo que consideró necesario que el Poder Judicial fortalezca también sus mecanismos de supervisión.
El gobernador adelantó que el próximo año Puebla homologará su esquema de vigilancia judicial con el modelo federal, con el objetivo de reforzar la transparencia y el control interno en jueces y magistrados.
Finalmente, hizo un llamado a funcionarios y colaboradores de su administración a cumplir con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al advertir que la ignorancia de la ley no exime responsabilidades.