Hace una semana, en el contexto de la lucha contra el crimen organizado que valientemente encabezó la gobernadora Maru Campos en Chihuahua, el sistema de justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y al senador Enrique Inzunza, de presuntamente tener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
La paradoja estuvo en que en menos de una semana los morenistas que lanzaron las acusaciones en contra de la gobernadora ahora optaron por el silencio cuando los suyos resultaron más colones que rabones. A la gobernadora se le acusaba de haber traicionado a la patria por defender precisamente la patria, al gobernador, de envenenarla con nexos criminales.
Pero lo más turbio fue que la presidenta de México comenzó acusando sin pruebas a la gobernadora de Chihuahua por presuntamente cometer un delito, para terminar señalando que la justicia gringa carece de pruebas para extraditar a su compañero de partido y gobernador constitucional de Sinaloa ¿Por qué será que el gobierno de México castiga a los gobiernos que combaten al narcotráfico, y el de los Estados Unidos, castiga a los narcotraficantes que combaten al gobierno?
La visión sesgada de la justicia de la presidenta y su gobierno es un cheque en blanco con saldo a favor para la impunidad. Y el legado de López Obrador son las deudas con la justicia que la presidenta empieza a pagar. ¿Cuántos “Rochas Moyas” guindas actualmente son delincuentes con cargo al erario?
Las deudas de la impunidad son tan grandes que la presidenta tiene que salir a defender a Rubén Rocha como abogada particular, y hacer de las acusaciones en su contra, un asunto de soberanía nacional, porque en Morena saben que las personas señaladas por los Estados Unidos, empezando por el gobernador son personajes indefendibles en cualquier tribunal que se paren.
Y es que contrario a lo que los morenistas piensan y desean, la sociedad mexicana no se traga el cuento de que el gobierno niega la extradición del gobernador de Sinaloa a los Estados Unidos por carecer de solidez probatoria, sino por temor a que cante y comprometa la continuidad de un gobierno tan rapaz como cínico.
Tan la sociedad desconfía de los argumentos para defender a Ruben Rocha de vínculos con el crimen organizado, que según una encuesta de la firma Poliester, seis de cada diez mexicanos creen que el gobernador de Sinaloa sí tuvo vínculos con el narcotráfico.
Llegaron al gobierno con el argumento de poner primero a los pobres y les robaron a través de SEGALMEX, prometieron recuperar la soberanía energética y emprendieron el fraude más grande en la historia del que se tenga registro con el huachicol fiscal para saquear PEMEX, asumieron el poder para garantizar justicia, pero hicieron de la impunidad una forma de soberanía.
