Jorge Barrientos
El diputado local José Luis Figueroa Cortés presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para endurecer las sanciones por feminicidio y fortalecer el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, esto, para estar en sintonía con la agenda nacional de protección a las mujeres y combate a la violencia de género.
La propuesta busca modificar los artículos 338 Bis y 338 Quáter del Código Penal del Estado de Puebla, con el objetivo de robustecer el marco jurídico y garantizar una respuesta más firme ante este delito, considerado la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Entre los principales cambios planteados, se contempla aumentar la pena por feminicidio de un rango actual de 40 a 60 años de prisión, a una sanción de 40 a 70 años. Asimismo, propone elevar las multas de 500 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), a un rango de mil hasta dos mil UMA.
En los casos agravados, como cuando la víctima se encuentre embarazada o el crimen se cometa frente a sus hijas o hijos, la iniciativa plantea incrementar la pena máxima de 70 a 80 años de prisión.
José Luis Figueroa destacó que, pese a los avances legislativos y a la implementación de políticas públicas para atender la violencia de género, persisten altos índices de feminicidio en el país, lo que hace necesario reforzar las sanciones para inhibir este delito y combatir la impunidad.
El legislador subrayó que durante 2025 se registraron 721 casos de feminicidio a nivel nacional, cifra que refleja la gravedad de la violencia feminicida y la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y sanción.
Explicó que la iniciativa incorpora un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, sustentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución local, así como en tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Añadió que, de aprobarse, la reforma contribuirá a fortalecer el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, proteger su integridad y dignidad, y consolidar un marco legal más eficaz para enfrentar la violencia feminicida en Puebla.